Juicio Stratvs

“Todo el mundo sabe lo que ha pasado en Stratvs, pero en la barra del bar”, según la acusación popular

La letrada ha indicado que “todo el mundo sabe lo que ha pasado en la bodega Stratvs, pero en la barra del bar, en sede judicial no”. “Los propios acusados te lo cuentan fuera de Sala”.

“Todo el mundo sabe lo que ha pasado en Stratvs, pero en la barra del bar”, según la acusación popular

La letrada de la acusación popular, Irma Ferrer, ha defendido en sus conclusiones, presentadas este viernes por la mañana ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que por parte del principal encausado, el empresario Juan Francisco Rosa, se ha sostenido un “engaño continuado”.

El primer hecho de este engaño es “utilizar a la esposa de tu amigo, a la mujer del arquitecto que firma el proyecto”, la letrada recordó que en la solicitud de obra aparece la firma de una señora que declaró en sede judicial no haber firmado ningún documento.
 
El segundo engaño relatado por la letrada es que Juan Francisco Rosa “no es propietario de la finca donde se encuentra realmente la bodega” porque el contrato de compraventa de terrenos donde se ubica el complejo vitivinícola “tiene una firma falsificada y así se ha declarado en sede judicial”.
 
Otro de los detalles de este “engaño continuado”, según la acusación popular, es que durante toda la instrucción del expediente que da resolución a la licencia de actividad se pone como domicilio fiscal, primero el despacho de su arquitecto y luego se cambia a un edificio propiedad de Rosa: "México 21". Este edificio tiene treinta y cinco viviendas, dijo la letrada, “no se me ocurre cómo el Ayuntamiento de Yaiza pudo notificar nada al empresario”. “¿Qué fue tocando telefonillo por telefonillo?”, ha ironizado al respecto.
 
Según ha puesto de manifiesto la acusación popular, todos estos hechos forman parte de la “ceremonia de la confusión” que practica “sistemáticamente” Juan Francisco Rosa y que ya puso en evidencia hace 26 años un auto sobre el ‘Apartahotel Fariones’ de la sala contencioso administrativa de Las Palmas del 1 de julio de 1991 en el que se acuñó este término.
 
“Después de bucear en el proceso jurídico Stratvs, uno llega a la conclusión de que las instituciones públicas, en las que los ciudadanos confiamos la defensa del interés general han fallado estrepitosamente”. Sin embargo, ha apuntado Ferrer, “no fallan cuando tratan los asuntos de los campesinos de La Geria, fallan sistemáticamente desde 1991, como bien refleja la sentencia del Tribunal Supremo respecto al Apartahotel Fariones, cuando se trata de los intereses de Juan Francisco Rosa”.
 
La letrada de la acusación popular se ha preguntado "cómo es posible" que se abriera un complejo turístico "en el corazón de un espacio protegido como La Geria”, y que tras ocho años y cuatro expedientes de infracciones "ninguna de las administraciones competentes para ello lo cerraran".
 
“No crean, como ha sucedido en el juicio, que la gente se avergüenza de haber ido a la bodega Stratvs”, ha comentado la letrada antes de reproducir algunas de las justificaciones aportadas por los acusados o testigos al ser preguntados por su asistencia a la inauguración de la bodega: “yo en realidad fui, pero no recuerdo nada…; estuve pero como miembro de la Corporación, nos invitaron a todos...; acudí pero solo estuve dos minutos…”.
 
“Todo el mundo sabe lo que ha pasado en la bodega Stratvs, pero en la barra del bar, en sede judicial no”, ha indicado la acusación popular para luego añadir: “los propios acusados te lo cuentan fuera de Sala”.
 
A la letrada le ha “llamado mucho la atención” que se haya sembrado la sombra de duda sobre la actuación de Transparencia Urbanística con respecto a cómo se obtuvo la información aportada en la denuncia, ya que según aclaró, “esta forma parte de expedientes e informes públicos, información publicada en diarios de tirada regional, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Canarias”, ha aclarado.
 
Así mismo, Ferrer ha destacado que los miembros de la Junta de Gobierno que otorgaron la licencia de actividad clasificada acudieron siete meses antes de concederla a la inauguración de la bodega en donde se les ofreció vino Stratvs de la cosecha del año anterior, por lo que para la letrada “es absurdo hablar de licencia de actividad cuando la bodega ya estaba en funcionamiento”.
 
“El cierre de la bodega dependió de cinco ciudadanos que la denunciaron por el fallo estrepitoso del estado de derecho en el que las instituciones locales, insulares y regionales fallaron de forma consciente y deliberada”, ha afirmado la acusación popular. Estos cinco ciudadanos que denunciaron los hechos llevan 30 años denunciando irregularidades y “no son ciudadanos cualquiera, están comprometidos con la política del territorio de la isla de Lanzarote”.

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