Las principales reivindicaciones del gobierno catalán tienen comienzo en la ignorancia de estas por parte del Estado central, que a pesar de ser consciente del ascendente descontento del pueblo catalán, no ha tomado ningún tipo de decisión que promueva la integración de este conjunto en el país. El gobierno central se ha limitado a invocar continuamente el cumplimiento de la legalidad vigente, que aunque es primordial que el ordenamiento jurídico deba aplicarse, las leyes deben tomar conciencia sobre la incorporación de las minorías afectadas para que estas no tomen un camino demasiado alejado de los derechos que mantienen los catalanes como ciudadanos españoles. Además el Govern Català sostiene que el Estado central va en contra y no permite el progreso económico y social de Cataluña, reivindicando por tanto ciertas ventajas fiscales e incluso mayores presupuestos por ser una de las comunidades autónomas que mayores ingresos generan a las arcas del Estado. Siendo entonces unos de los mensajes populistas más utilizados y haciendo creer a los catalanes que sus impuestos van a el Estado Español pero nunca vuelven a Cataluña, y justificando esta situación como “el costo de ser españoles”
Muchas de estas reivindicaciones podrían ser consideradas “anti-sistema” y que van en contra de el orden constitucional español. Y un claro ejemplo de este movimiento en contra del Estado, es el referéndum ilegal del 1 de octubre. Todo aquello que piden los catalanes, a pesar de poder ser negociable, hizo crecer en la ciudadanía un espíritu independentista impulsado por todos los mensajes populistas de partidos políticos que buscan su beneficio en la cantidad de votantes de los que dispongan y no en asegurar el orden constitucional. El 1 de octubre se dio un referéndum con principios independentistas que no tuvo ningún tipo de soporte jurídico, y el cual iba en contra de la Constitución y la legalidad española. Como era de esperar, y por el procedimiento empleado en este tipo de consulta, el referéndum salió a favor de la independencia con un rotundo 90%, o al menos eso es lo que nos quiere hacer creer el movimiento independentista y anti-sistema que lo promulgó, ya que únicamente se estima que participó en esta consulta el 43% de la población catalana. Esto nos lleva a pensar que existe oculta una gran mayoría de catalanes que todavía consideran que la independencia no es una opción viable. Y que la verdadera solución a todos sus problemas y reivindicaciones, reside en el diálogo y negociación con el Estado central. Por otra parte la respuesta de el gobierno español ante esta consulta ilegal, seguramente no fue la más apropiada, y en ningún momento la causa justifica los medios, ya que los notables signos de violencia empleados por las autoridades policiales ante el referéndum del 1 de octubre no representan ni mucho menos al país en el que tenemos la suerte de vivir.
Finalmente, hemos de recordar, que las utopías ni existen, ni son viables en el mundo al que pertenecemos, y que por tanto no se puede prometer el paraíso con una “España unida” ni con una “Cataluña independiente”. El Gobierno central debe atender a las propuestas y reivindicaciones catalanas, pero todos aquellos independentistas deben comprender que en el mundo globalizado que debemos construir, crear más barreras solo nos traería más odio como es visible socialmente entre independentistas y nacionalistas. Además deben entender que vivimos en un Estado de Derecho en el cual el camino de la ilegalidad solo conllevaría al caos, que el respeto de una serie de reglas es fundamental para la convivencia, y que la legalidad vigente no pretende asegurar el paraíso, sino evitar que se produzca el infierno. En conclusión, debemos olvidarnos de si debe ser “Cataluña” o “Catalunya”, las dos son válidas si nos centramos en el diálogo y mediación de conflictos que nos caracterizan como seres humanos que somos.
Alumno de segundo de Bachillerato del IES César Manrique
