Catapum

No hubo novedad. Sin consenso, sin rebajas, con dos retoquitos insignificantes pero sin ceder ni media en lo esencial, el Parlamento de Canarias aprobó una Ley del Suelo que, en la práctica, obedece a dos objetivos estratégicos. El primero es hormigonar un eventual acuerdo entre CC y PP, para que sea muy duradero, y, de paso, imposibilitar cualquier otro pacto en el que intervengan ambas formaciones. Y el segundo es devolver el Archipiélago a un tiempo remoto, preautonómico, en el que se entendía Canarias como la suma de un montón de trozos independientes en el que cada uno iba a su bola y en el que reinaba la Federación Regional de Agrupaciones Independientes de Canarias (FRAIC). Con la Ley del Suelo, se resucita el municipalismo más salvaje frente a una visión global de cada isla o del conjunto de ellas. A partir de ahora, cada municipio es un mundo, y hay ochenta y pico, así que sírvase el que más le plazca.

 

Es la Ley del Catapum. Votaron a favor de este salto atrás Coalición Canaria (CC), el Partido Popular y la Agrupación Socialista Gomera (ASG). Votaron en contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Nueva Canarias (NC) y Podemos. Curiosidades del sistema electoral canario: el primer grupo tiene más diputados pero menos votos que el segundo. A partir de ahora, liberalizado el suelo y reconvertido el territorio en mercancía, con menos exigencias y controles, sólo una nueva mayoría parlamentaria puede devolver la racionalidad a los procesos de promoción del suelo. Primera oportunidad: mayo de 2019, elecciones autonómicas.