Top Secret, 1 de septiembre de 2017

Entra en vigor la Ley contra el Suelo

Entra en vigor la Ley contra el Suelo

A pesar de la fuerte oposición civil y política, hoy entra en vigor la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno autónomo, también conocida por Ley contra el Suelo. Una mayoría la considera una Ley indeseable para las Islas y que, a partir de hoy, tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos. Ya no es posible reclamar su retirada para abordar un proceso participado y una nueva redacción, sobre nuevas bases, que no le dé la espalda a la cultura territorial del archipiélago, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero. Y no lo es porque sólo una nueva mayoría parlamentaria puede arreglar este desaguisado. Hasta tanto, Canarias pretende dar un salto en el tiempo… hacia atrás, hacia los años sesenta del siglo XX, los del desarrollismo desenfrenado, especulativo e irresponsable. Cierto es que el ejecutivo canario se encuentra ante un dilema, ya que los récords de afluencia turística apenas están consiguiendo reducir la tasa de paro por debajo del 25%. De ahí que, a falta de mejores ideas, el Gobierno se haya propuesto generar empleo a costa del mayor activo del Archipiélago: el territorio. El caso es que CC, PP y el partido de Casimiro Curbelo sumaron una mayoría suficiente en el Parlamento autónomo para aprobar la Ley del Suelo, y lo hicieron, a pesar de que lo aconsejable era concitar alrededor de esta trascendental norma una mayoría muy cualificada, fruto de un amplio consenso.
 
Combate activo a la Ley
 
No obstante, el conocimiento científico, el pensamiento crítico y una parte de la sociedad canaria y de sus representantes, algo más de la mitad aproximadamente, siguen reclamando que no se sobrepase ciertos límites. Por ejemplo, que el planeamiento insular tenga competencias para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable, o que sean los planes insulares los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos, así como su delimitación. Desde esta perspectiva, las competencias municipales seguirían teniendo menor rango que las autonómicas, de forma que, por ejemplo, el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la administración municipal redactora, sino permanezca en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico. Lo que se contrapone es reforzar el planeamiento insular frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo. Así, se defiende la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales. También se combate los denominados proyectos singulares de interés regional e insular, que son instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Por otro lado, se plantea la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada. Batallar por lo que se cree justo está bien, pero lo dicho: sólo una nueva mayoría parlamentaria puede arreglar este desaguisado.

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