JM Quintero

Liquidar las diputaciones

14/7/2017

Puestos a recortar y a modernizar la Administración Pública, no se ha vuelto saber nada más de aquella idea de C’s liquidar las diputaciones provinciales. Está claro: las diputaciones son instituciones desfasadas, inútiles y antidemocráticas. La desaparición con algunas excepciones de las diputaciones peninsulares supondría un ahorro de unos 6.000 millones de euros anuales. Esa cantidad es algo inferior al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es una pasta.

Una diputación provincial es la institución encargada del gobierno y la administración de una provincia. Asume tareas tan diversas como la gestión de carreteras o la asistencia social y da servicios generales a los municipios, ya que una de las funciones fundamentales de toda diputación es colaborar en la gestión de la actividad municipal, especialmente de los ayuntamientos pequeños. Su origen histórico se remonta a la Constitución de Cádiz, en 1812. Ha llovido desde enronces.
 
Dejando de lado algunos pocos casos especiales, las diputaciones han sido y son un apetitoso bocado para los partidos políticos por tres razones. Primera, por la gran cantidad de recursos que gestionan. Segunda, por el escaso poder fiscalizador que se ejerce sobre ellas. Y tercera, porque en la práctica son agencias de colocación de cargos públicos desubicados y de cargos orgánicos sin destino. 
 
“El equivalente en las islas de las diputaciones son los cabildos insulares de Canarias y los consells insulars de Baleares”
 
Todas las provincias españolas cuentan con diputaciones, salvo las que se corresponden con una comunidad autónoma uniprovincial, en las que sus competencias son asumidas por la propia comunidad autónoma. Es el caso del Principado de Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja. En Navarra el Gobierno Foral recibe también el nombre de Diputación Foral de Navarra. En las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. Además de las funciones del resto de diputaciones, las vascas tienen también otras relacionadas con la fiscalidad. El equivalente en las islas de las diputaciones son los cabildos insulares de Canarias y los consells insulars de Baleares.
 
Lo cierto es que con el desarrollo del Estado de las Autonomías las provincias han perdido su sentido y su función, porque las comunidades autónomas se han convertido en el nuevo enlace entre el Estado y los municipios. Dejando de lado las diputaciones forales, los cabildos y los consells, las diputaciones de régimen común cuentan con 1.000 diputados y dan empleo a unas 30.000 personas.
 
“Lo que se plantea es que ese mecanismo intermedio no sean las diputaciones, sino la unión mancomunada de municipios”
 
Un problema añadido reside en que las diputaciones comunes son órganos de elección indirecta. Los diputados de cada provincia se reparten entre los partidos judiciales otorgando un diputado a cada partido judicial y, luego, distribuyendo los restantes de manera proporcional a la población. Por el contrario, los miembros de los plenos de las diputaciones forales, los cabildos y los consells son designados mediante votación directa de los electores.
 
Hay coincidencia en que los ayuntamientos pequeños siempre necesitarán un mecanismo superior que les preste ciertos servicios, ya que el 80% de los más de 8.000 municipios españoles tiene menos de 5.000 habitantes. Ahora bien, lo que se plantea es que ese mecanismo intermedio no sean las diputaciones, sino la unión mancomunada de municipios. El inconveniente es que la desaparición de las diputaciones de régimen común requeriría modificar la Constitución, pero por otro lado ya se ha vivido la experiencia de una reforma constitucional en un plazo récord a cuenta del límite en el gasto público.
 
El debate está servido y se plantea en términos de extinción de las diputaciones peninsulares de régimen común, con un ahorro anual de 6.000 millones de euros, el traspaso de los trabajadores públicos a otros niveles de la administración y el envío al limbo de 1.000 políticos y un buen número de asesores. En este contexto, sólo tendría sentido la pervivencia de los cabildos, los consells y las diputaciones forales por razones históricas y de elemental geografía física. A ver si cae en una negociación de estas…

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