Presupuestos Canarias: prioridades del gasto

Las cuentas públicas canarias para 2018 disponen de 1.200 millones de euros de ingresos más que las de 2017. Para ello ha sido determinante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y el papel jugado por el diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo que ha posibilitado, con su aprobación, conseguir separar los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica, así como desbloquear convenios y partidas finalistas.

 

El capítulo de ingresos es positivo. Pero podía serlo más. Comparto, en general, buena parte de las rebajas fiscales establecidas. Otras, no tanto, como las de la telefonía -bajando el IGIC del 7% al 3%-, que apenas impactan en los usuarios pero que suponen detraer 40 millones de euros de ingresos a Canarias. Globalmente, las rebajas fiscales suponen disponer de 125 millones de euros menos en ingresos en las arcas públicas canarias y, además, una reducción, en la misma cantidad, de la capacidad de gasto en aplicación del artículo 12 de la ley estatal de estabilidad presupuestaria. Esas deducciones debieron ser compensadas con incrementos que posibilitaran, por ejemplo, aumentar las partidas para los servicios públicos o implementar un verdadero plan contra la pobreza y la exclusión, implantando una renta básica canaria.

 

Hemos venido planteando alternativas viables. Entre ellas, la recuperación del impuesto de Donaciones y Sucesiones a partir de determinadas cantidades, la implantación de una tasa turística, como venimos reclamando desde hace varios años, el aumento de los tipos del IGIC que atañen al consumo de lujo, el impuesto a las bebidas azucaradas –considerado, además, disuasorio en beneficio de la salud- y, asimismo, exigir la fiscalidad canaria a las tiendas exentas de impuestos de nuestros aeropuertos.

 

A pesar del avance, estos presupuestos no consiguen sacar a los servicios públicos de su grave déficit financiero. Con doble origen: el modelo de financiación autonómica de 2009, aprobado por PSOE, PP y CC, del que tan mal parada salió Canarias y que entonces denunciamos en solitario; y las políticas de recortes y austeridad frente a la crisis económica, inspiradas en la reforma del artículo 135 de la Constitución impulsada por PSOE y PP.

 

En Educación se produce una subida de 100 millones de euros que nos sitúa en torno al 3,7% del PIB, lejos de lo reclamado por una proposición no de ley aprobada recientemente por el Parlamento que exigía alcanzar el 4% este próximo presupuesto, coincidiendo con lo que plantea una plataforma ciudadana que pretende el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, que recoge alcanzar el 5% en 2022. Por debajo aún, unos 50 millones de euros, del presupuesto educativo de 2008. Cuando son numerosas las necesidades en Formación Profesional, la educación infantil de cero a tres años, idiomas, infraestructuras o plantillas.

 

En Sanidad, el incremento previsto, 231 millones de euros, supone acercarse al gasto real. Hemos visto en los últimos ejercicios como el presupuesto inicial estaba entre 150 millones de euros y 175 millones de euros por debajo del gasto realizado el ejercicio anterior. Con lo que la subida anunciada por el Gobierno cubrirá el gasto real, pero solo una buena organización y gestión eficiente permitirá abordar problemas como las listas de espera y las urgencias hospitalarias, así como la renovación de infraestructuras y equipos tecnológicos.

 

Mucho peor parados salen el conjunto de servicios sociales, pese a los escalofriantes datos de pobreza dados a conocer hace unas semanas: 44,6% de la población en 2016, siete puntos más que en 2015, a la cabeza de las comunidades. Al plan contra la pobreza se le dedican solo 15 millones de euros, cuando NC en los PGE 2017 consiguió 10 millones para este fin. Solo se salvan las infraestructuras, con los 45 millones de euros destinados a inversiones en centros sociosanitarios en toda Canarias.

 

La Prestación Canaria de Inserción (PCI) se mantiene con el mismo presupuesto. Tampoco crece el plan concertado de servicios sociales con los ayuntamientos. A la lucha contra la violencia de género se destina solo un millón de euros más que en 2017, cuando en la negociación de los PGE para este año NC arrancó al Estado dos millones de euros para este fin.

 

En el plano económico, la I+D+i sufre un nuevo recorte, en esta ocasión de 7,6 millones de euros. Mientras que, desde el Ejecutivo de CC, se señala que el cambio de modelo productivo es el remedio a todos los males de Canarias, el departamento responsable, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, ve reducidas sus partidas económicas, pierde peso en el presupuesto, como le sucedió en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). De hecho, es la única consejería que reduce sus cuentas, junto a la de Agricultura, esta última por la finalización de los convenios de obras hidráulicas.

 

Valoro el aumento en 318,2 millones de euros (un 45%) de las inversiones, hasta alcanzar los 1.024,8 millones de euros. Estos ingresos son tal altos debido a la aprobación de los PGE 2017, que ha hecho que Canarias reciba 416 millones más que en 2017 por el Fondo de Competitividad y un incremento de las transferencias de capital de 215,5 millones de euros más que en el presupuesto inicial del presente año. Aunque todavía no hemos llegado a la inversión de la comunidad canaria  en los presupuestos del año 2008 (el último anterior a la crisis) donde ascendía a 1.419,5 millones de euros, casi 400 millones de euros más.

 

Por otra parte, resulta muy preocupante la ejecución presupuestaria de este año, que junto al presupuesto inicial incluye el crédito extraordinario, así como convenios y partidas finalistas estatales. Razonable en las secciones que, como Sanidad (78,51%) o Educación y Universidades (69,17%) tienen un alto peso del Capítulo I, el correspondiente a personal, como vemos en los datos del pasado 30 de septiembre. Pero pésima en otras áreas. Caso de Obras Públicas y Transportes, apenas un 19,66%, y Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, un 31,12%. No se trata solo de disponer de más recursos, sino también de gestionarlos adecuadamente.

 

En definitiva, estos presupuestos canarios para 2018 cuentan con mucho más ingresos. Pero presentan, a nuestro juicio, errores en la fiscalidad que, de corregirse, hubiesen permitido mejorar los ingresos y posibilitar más gasto. Además, la orientación del gasto es claramente mejorable si lo que se pretende es la recuperación de nuestros servicios públicos y acometer acciones urgentes que impacten en esta sociedad de alto desempleo y elevada pobreza, de profunda y reiterada desigualdad.