La empresa rechaza renovar a 69 trabajadores
Se tambalean los enchufes políticos en Canal Gestión
Los trabajadores dicen que no pueden ejercer su derecho a huelga porque los servicios mínimos son “abusivos” para garantizar el abastecimiento.
El conflicto lo dirimirán los tribunales. Los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote se pusieron en huelga indefinida desde ayer lunes porque la empresa no está renovando los contratos de 69 trabajadores a medida que estos concluyen. De ellos, más de la mitad son enchufes políticos. Lo sabe toda la isla, pero no se habla de ello abiertamente. Las empresas públicas han sido y son un coladero para pagar favores políticos y Lanzarote no es una excepción. Cuando Canal se hizo cargo de la gestión del agua, además de absorber a los trabajadores de Inalsa, abrió sus puertas a la contratación de hijos, sobrinos, hermanos, parejas, amigos o nueras de políticos, además de afiliados sin trabajo.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la empresa de producción y distribución de aguas ha comenzado a despedir a los citados 69 trabajadores con contratos en fraude de ley. Están en huelga por eso y por los reiterados incumplimientos de los acuerdos marco y del convenio colectivo estatal. Para los trabajadores y los sindicatos que los apoyan, ello supondría el desmantelamiento de la estructura organizativa de la empresa y la creciente externalización de servicios, con el consiguiente peligro para el empleo y el propio servicio público.
Según el Comité de Huelga, los servicios mínimos establecidos para ayer lunes eran "abusivos"
Según el Comité de Huelga, los servicios mínimos establecidos para ayer lunes eran "abusivos", ya que rondaban “el 95%", un hecho que no les permite “ejercer su derecho a huelga”. Eso significa que prácticamente toda la plantilla acude a sus puestos de trabajo para garantizar la prestación de un servicio esencial como es el agua. Por otro lado, el Comité no alberga esperanzas de alcanzar un acuerdo con la empresa sobre los despidos, de los que cinco ya se han materializado. El otro lado de la moneda es el punto de vista de Canal Gestión, que asegura que el suministro de agua potable “estará garantizado en todo momento”, a pesar de la huelga indefinida.
Los representantes de los trabajadores reclaman la paralización de los despidos y una mesa negociadora para resolver los contratos realizados “en fraude de ley”. Es decir, eran contratos de obras y servicios, por tiempos preestablecidos, para evitar que los trabajadores adquirieran derechos. Además, aseguran que la empresa ha sido requerida por la Inspección de Trabajo para que convierta los contratos en indefinidos, ya que, al ser puestos de trabajo indispensables, no se pondría en riesgo el servicio público que se presta a los ciudadanos. La empresa, por su parte, quiere convertirlos, como mucho, en temporales y sólo hasta la finalización de la obra o servicio.
Al desatarse la operación Lezo, Canal de Isabel II anunció su intención de desprenderse de Canal Gestión
Fue en mayo de 2013, hace ahora más de cuatro años, cuando se firmó el contrato por el que Canal Gestión se hacía cargo de la gestión del agua en Lanzarote y La Graciosa durante 30 años. Esta compañía es una filial de Canal de Isabel II, una empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid que está vinculada a algunos escándalos de corrupción que salpican al PP. Tras evaluar los recursos humanos entonces disponibles, dio comienzo un frenesí de contrataciones laborales en todos los departamentos de la empresa: producción, distribución, comercialización, administración, oficinas de atención al público… Pero todos tenían fecha de caducidad.
La razón de fondo que ha desatado este conflicto es la intención de la empresa matriz, la madrileña Canal de Isabel II, de aligerar peso en los costes variables de Canal Gestión para favorecer su venta: cuanto más adelgace, mayor valor tendrá y será más fácil venderla. Al desatarse la operación Lezo, hace unos meses, Canal de Isabel II anunció su intención de desprenderse de sus empresas, Canal Gestión entre ellas, para centrarse exclusivamente en su actividad en la Comunidad de Madrid.
