Vuelve Inalsa

Está claro que hay determinadas cosas que nos acompañarán toda la vida. Algunas para bien, otras para no tanto. En el caso de Inalsa todo parecía diseñado para que fuera nuestro orgullo. Y ha acabado siendo una de nuestras mayores vergüenzas. Y lo que te rondaré... El Cabildo de Lanzarote daba a conocer ayer que los tribunales de justicia han reabierto cuatro operaciones relacionadas con el agua: una de Inalsa y tres del Consorcio del Agua. De la empresa pública se va a investigar si se desviaron "importes monetarios sin justificar", y, en concreto, examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II por un importe de 97,245 de euros. Todo obedece, dice el Cabildo, a una denuncia de Alternativa Ciudadana. Pero hay matices, que luego contamos. Los otros tres casos, que hacen referencia al Consejo Insular de Aguas son: una obra relativa a la ampliación del Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros, en diciembre de 2007; un contrato para la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010; y un expediente de contratación para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012. En la nota de prensa se especifica quién, en teoría, era el responsable político en cada caso. En el primero, Manuela Armas (PSOE), FAbián Martín (PIL) en el segundo y Sergio Machín (CC) en el tercero.

 

Las investigaciones con respecto a Inalsa, que ahora vuelven, nunca debieron irse. Estamos convencidos que algo tuvo que pasar para que aquello acabara como acabó. Lo que ya se juzgó y se condenó (las facturas a Batllori) y lo que ahora se reabre, ese 'negociete' que no llega a los cien mil euros, son apenas dos gotitas de agua supuestamente putrefacta (en uno de los casos ya le quitamos el supuestamente) en medio de un inmenso océano todavía más infecto. Por redondear: 50 millones de deuda de una empresa sin competencia en el mercado, con materia prima gratuita e inacabable, con clientes obligados a consumir el producto por carecer de competencia, y en la que vendes, y cobras,  todo lo que produces, sólo se alcanzan si por el camino ha habido una muy mala, pésima, gestión o, directamente, algún que otro delito. Toda la isla lo sospecha. En algún momento, además de sospecharlo, lo perdonó apoyando en las urnas a los sospechosos (en plural, unos por acción y otros por omisión). Y al final el tema acabó como acabó... si es que ha acabado, que no lo parece.

 

Que los tribunales reabran ahora estos casos tiene que ver también con la denuncia pública que el consejero de Ciudadanos en el Cabildo, Benjamín Perdomo, hizo en septiembre de este año cuando dijo que “la situación de emergencia hídrica declarada en varias obras por el Consejo Insular de Aguas fue un invento para saltarse el procedimiento ordinario de contratación”, citando ya lo que consideró un "preocupante y alarmante" informe del Tribunal de Cuentas que "no se ha conocido hasta la fecha cuando existe desde 2015". Y ahora se sabe, que existe y lo que dice. Perdomo no se limitó a dar la rueda de prensa y luego echarse unas cervezas con sus colegas. Trincó la información y se fue camino de la Fiscalía. ¿A la Rambla Medular? No. A Las Palmas de Gran Canaria. A Anticorrupción. No dijo nada a nadie. Ni un alarde del tema. Sólo en la tertulia de Biosfera TV se le oyó decir una vez, a Carlos Meca, que Podemos no era el único que había ido a Fiscalía. Sólo que él no le daba publicidad a los asuntos.  Y ojo, que habrá más. Es cuestión de tiempo. Quizá se entienda ahora mejor por qué Ciudadanos no quiera pactar en Arrecife con un partido a cuyos miembros, alguno de ellos,  ha denunciado ante la Justicia.