40 años de convivencia democrática
Para todos aquellos que se precien de ser demócratas independientemente de su color político, la Constitución de 1978 tiene un significado fundamental. Ha sido y sigue siendo, después de 40 años, el marco de convivencia por excelencia de los españoles.
Su promulgación fruto del consenso de la transición ha supuesto un antes y un después en materia de separación de poderes y garantía de derechos fundamentales en nuestra sociedad. También ha traído consigo la limitación al ejercicio del poder y un mandato a la acción política de cara a lograr objetivos tan importantes como el derecho a la vivienda, la protección de la familia o el medio ambiente, por poner algún ejemplo. Su consecución, como es obvio, ya no puede recaer exclusivamente en la propia norma sino en el acierto de las políticas que persiguen dicho fin, pero esto es otra historia.
Pero, ante todo, la Constitución es un instrumento plenamente vigente al servicio de la ciudadanía para resolver, de acuerdo a Derecho, los desafíos a los que se enfrenta la sociedad española en pleno siglo XXI.
No es para nada una norma anticuada ni mucho menos, es nuestra norma suprema plenamente aplicable y que encierra los principios y valores fundamentales que han de regir nuestra convivencia. Ni que decir tiene que los mismos: “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, se encuentran plenamente vigentes y para nada son valores desfasados.
Nuestra Carta Magna goza de buena salud, tiene vocación de permanencia y es plenamente aplicable a nuestra realidad actual y sirve de garantía última a todas aquellas amenazas que supongan una conculcación de los valores que defiende.
Simplemente decir que mi obligación como política es cumplir la misma y, en base a las convicciones que defiende el Partido Popular, dentro del ámbito del pluralismo político que ampara nuestra Constitución, hacer todo que este en mi mano para lograr todos aquellos objetivos que nos marca desde hace 40 años la Constitución, tales como la consecución efectiva del derecho al trabajo, la protección de la salud o la tercera edad o la consecución de una sociedad más justa e igualitaria en un marco de libre desarrollo de la personalidad.
Astrid Pérez, presidenta del PP de Lanzarote