Caso Montecarlo: Sáenz, Montesinos y Betancort, condenados y Toledo, absuelto

La pieza de Arrecife del Caso Montecarlo ya tiene sentencia. El abogado Federico Toledo ha sido absuelto mientras que el ex interventor Carlos Sáenz ha sido condenado a tres años y tres meses de cárcel, el empresario José Vicente Montesinos a tres años y cuatro meses y el gestor empresarial Javier Betancort a un año y medio de cárcel. Los tres condenados tendrán que indemnizar al ayuntamiento de Arrecife isolidariamente entre sí, hasta el límite de las siguientes cantidades: Carlos Sáenz, 310.544,92 euros; José Vicente Montesinos 310.544,92 euros, siendo responsable civil subsidiaria la mercantil “GESTECAL S.L.” en la cuantía de 63.794,92 euros, la mercantil “PROGESTRIL S.L.” en la cuantía de 77.700 euros y la mercantil “RECINGEST S.L.” en la cuantía de 169.050 euros, y Javier Betancort Tubau en la cantidad de 287.175 euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial condena a Carlos Sáenz como autor de un delito continuado de Prevaricación Administrativa en concurso ideal con un delito continuado de Malversaciòn de Caudales Públicos y por el delito de Prevaricación Administrativa, en concurso ideal con un delito contnuado de Falsedad en documento oficial, en concurso ideal con un delito continuado de Malversación de Caudales Públicos  en relación de continuidad delictiva respecto del primero de los delitos enunciados a un año y tres meses de cárcel.

Por el delito continuado de Cohecho a un año y tres meses. Multa 20.000 euros, inhabilitación para cargo interventor de dos años, siete meses, dieciséis días. Y por el delito continuado de Blanqueo de Capitales a nueve meses y ocho días. Multa de 130.000 euroa e inhabilitación de 6 meses.

A José Vicente Montesinos, por el delito continuado de Prevaricación Administrativa, en concurso ideal con un delito continuado de Falsedad en Documento Mercantil en concurso ideal un con un delito continuado de Malversación de Caudales Públicos y por el delito de Prevaricación Administrativa, en concurso ideal  con un delito continuado de Falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito continuado de Malversaciòn de Caudales Públicos en relación de continuidad delictiva respecto del primero de los delitos enunciados, a un año y seis meses. Inhabilitación absoluta de 2 años y 6 meses. Por el delio continuado de Cohecho, un año, un mes y 6 días y una multa 20.000 euros y por el delito cointinuado de Blanqueo de Capitales, a nueve meses, ocho días y 130.000 euros de multa.

Por último a Javier Betancort  por el delito continuado de Prevaricación Administrativa, en concurso ideal con un delito continuado de Falsedad en Documento Mercantil, en concurso ideal un con un delito continuado de Malversaciòn de Caudales, a un año y seis meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de 2 años y 6 meses.

Hechos probados

El procedimiento defraudatorio, dice la sentencia, consistía en la celebración de contratos simulados entre dichas mercantiles, representadas por su administrador único José Vicente Montesinos Ramírez, y el  Concejal de Hacienda de Arrecife, José Miguel González (ya fallecido) en representación del Ayuntamiento, en virtud de los cuales se adjudicaba a las mismas la prestación de supuestos servicios de asesoramiento a dicha Concejalía y al Departamento de Compras adscrito a la misma, y de elaboración de pliegos de cláusulas administrativas para la contratación por el Consistorio de diferentes suministros por el procedimiento negociado sin publicidad. En todos los casos, el precio del contrato se fijaba por debajo del límite máximo legal de los 18.000€ previsto en la normativa de contratación pública para los contratos menores o por adjudicación directa, de manera que se aseguraba camufladamente su adjudicación a dichas empresas, a pesar de que de facto se fraccionaba la prestación del supuesto servicio de elaboración de pliegos en múltiples contratos idénticos, celebrando un contrato, con un precio individual, para cada uno de los diferentes pliegos de suministros.

Por otra parte, los contratos se celebraban sin justificarse la necesidad de la externalización de tales servicios y la consiguiente contratación y gasto públicos, y por medio de una apariencia de expediente administrativo que burlase los principios de transparencia, objetividad, igualdad, concurrencia y legalidad en su adjudicación, soslayando íntegramente la normativa administrativa reguladora del abono de obligaciones contraídas por el Ayuntamiento. Si bien la administración de las sociedades adjudicatarias y la decisión sobre el destino del dinero que ingresaba la ostentaba José Vicente Montesinos Ramírez, los acusados convinieron en que toda la gestión de dichos contratos, la fraudulenta simulación de los pliegos, y la elaboración y presentación de las facturas al cobro en el Ayuntamiento por tales conceptos, y por el de asesoramiento a la Corporación, serían llevadas a cabo por el acusado Javier Betancort Tubau.

Una vez que se hacían llegar por éste último las facturas a la Intervención del Ayuntamiento bajo el control del Interventor acusado Carlos Francisco Sáenz Melero, al margen del registro general municipal éste se encargaba de que se elaborasen los documentos contables y los mandamientos de pago incumpliendo sus obligaciones fiscalizadoras más elementales, al autorizar el gasto correlativo a cada factura a pesar de conocer la ilegalidad del procedimiento de contratación, el incumplimiento de los ya de por si ilegales contratos y la mendacidad de las mismas.

Después de que el Interventor simulaba haber fiscalizado las facturas, las órdenes de pago eran dictadas por el Concejal de Hacienda, ejecutándose los mismos.