El Juzgado admite a trámite la querella de la sargento del Seprona contra dos superiores

Según publica el sábado el diario Público, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite la querella de la sargento del Seprona de Lanzarote, Gloria Moreno contra dos de sus superiores,el general y el coronel,   por un supuesto delito de prevaricación administrativa. 

 

Los hechos a los que se refiere la querella, apunta el diario Público, se remontan a 2017, cuando la agente del servicio de la Naturaleza de la Guardia Civil es sancionada por preguntar sobre el estado de las capturas de los gatos silvestres en La Graciosa. Según los acusados, la sargento procedió de “modo desconsiderado” ante el Director del Consejo Insular Isla de la Graciosa al preguntar sobre los gatos cimarrones, “insistir dos veces” en conocer qué había pasado con estos gatos y al haber “sembrado la sospecha” sobre las actuaciones del responsable de este espacio protegido.

 

Así mismo, señala Público en su edición digital, esa fue la primera de las siete sanciones que le abrirían a la sargento Moreno en la elaboración de sus funciones Lanzarote. La sanción, considerada leve, fue impugnada en julio del pasado año por el Tribunal Militar Territorial Quinto al entender que no hubo trato desconsiderado, que el tono fue correcto, que no hubo amenaza de investigación -la sentencia recoge que la sancionada se limitó a decir "tengo que ir a mirarlo"- y desmienten que la sargento insistiera dos veces en la misma pregunta. 

 

En declaraciones al diario, el abogado de la Sargento Moreno señala que “ el Tribunal estima que no hubo ninguna pregunta irrespetuosa y, el contrario, que tenía un interés público al ser sobre unos gatos silvestres y que no usó ninguna expresión incorrecta”, explica Alejandro Montero, abogado que formula la querella y defensor en varios expedientes de sanción de la sargento Moreno. “Si no había lugar para sancionar a alguien, ¿por qué se le sanciona?”, se pregunta Fernando García, responsable jurídico en el momento de los hechos de la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) a la que pertenece Gloria Moreno.

 

Montero no descarta otra querella en alguno de los otros seis expedientes que fueron impuestos por el coronel Arranz y el general Sánchez a Moreno en poco más de dos años. “Tendremos que analizarlos uno a uno, pero sí que vemos delito en un caso concreto donde creemos que hay omisión de persecución de delitos”. El abogado se refiere a los hechos que detonaron el segundo, tercero y sexto expediente a la agente. Cuando Moreno se incorpora al servicio, recibe la llamada de la protectora de animales Huella a Huella preguntando por varias denuncias que habían puesto por maltrato hacia varios perros. Cuando se revisa se descubre que las denuncias no están registradas. Se investiga y el primer resultado de estas acciones es la imposición de un expediente por falta grave contra Moreno por “haber incentivado a una ciudadana a poner queja” y un tercero un mes después (falta grave en esta ocasión) por tramitar denuncias de maltrato presentadas por las protectoras. “Se dejó de incoar un atestado cuando era conocedor de cuatro delitos de maltrato animal”, defiende el abogado que se muestra partidario de perseguir acciones que pueden constituir delito.

 

“Se está haciendo una caza de brujas con la sargento Gloria Moreno. Ella planteó una respetuosa pregunta y, como dice la sentencia, no cabía a sanción y lo hicieron”, retoma Fernando García, de IGC en referencia al primer expediente. También comentan desde la asociación profesional lo relevante que es esta admisión a trámite por el alto grado de los mandos demandados. “La Justicia suele ser muy cautelosa al procesar a altos cargos, pero no nos pilla de sorpresa porque era un secreto a voces y había mucha alarma social”, asegura. “No puede que esto acabe sin responsabilidad”, explica, comparando las otras sanciones de la sargento con casos flagrantes de omisión o dejación de funciones, con el alto coste económico y anímico que ha tenido para la sargento, según García. “Tiene que tener responsabilidad la parte administrativa que lo ha hecho mal”, concluye.