TRIBUNALES
Lis archiva la causa contra el Consejo de Gobierno del Cabildo de 2008 por la gasolinera de Playa Blanca
El juez no hace referencia alguna en su auto a la postura de la Fiscalía, que ya solicitaba el archivo de la causa en enero de 2018.
El juez Rafael Liz Estévez ha dictado auto decretando el archivo de las diligencias que se seguían en su juzgado (de Instrucción Nº 3, de Arrecife) contra los integrantes del Consejo de Gobierno del Cabildo Insular que, en el año 2008 autorizaron la calificación territorial para una estación de servicio en Playa Blanca. El denunciante era la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa y los políticos hasta ahora investigados son Manuela Armas Rodríguez, Juan Félix Eugenio Rodríguez, Carlos Espino Angulo, Ramón Bermúdez Benasco y Juan Carlos Becerra Robayna. El auto lleva fecha de 28 de abril pasado.
Jiménez de Asúa, expulsada otra vez de una causa
La Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, era la única parte acusadora ejerciendo la acción popular. En octubre de 2017 se solicitó la expulsión de la citada Asociación del procedimiento, que acaba de adquirir firmeza el pasado 8 de abril de 2019, tras un auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas. “La razón del archivo de las presentes actuaciones no está en el análisis de los hechos sino en la exigencia procesal de la existencia de una acusación”, señala el magistrado en su auto.
Sin embargo, el juez Lis no hace referencia alguna en su auto a un escrito del Ministerio Fiscal, fechado en enero de 2018, solicitando el archivo de la causa. La Fiscalía sostenía que “no hay indicio alguno para acreditar la comisión por los investigados de un delito relacionado con el hecho investigado, ni bajo la modalidad de prevaricación administrativa del artículo 404, ni mucho menos de cohecho o de tráfico de influencias de los artículos 419 o 428 del Código Penal”.
La fiscal: “los investigados no cometieron hecho punible alguno”
Los miembros del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Lanzarote antes citados aprobaron por unanimidad, en diciembre de 2008, otorgar la calificación territorial del Expediente 453/2007, “pese a existir un informe jurídico negativo, lo cual, según el denunciante acredita que la concesión de la calificación territorial se otorgó de forma contraria a la legalidad vigente, a sabiendas de ello, dando lugar según la denuncian a un delito de prevaricación”.
Analizado lo precedente, “esta parte considera que en el presente supuesto de hecho los investigados no cometieron hecho punible alguno, dado que su resolución, no fue contraria a Derecho”, dice la fiscal. La Fiscalía afirma asimismo que “todos los investigados negaron tener especial interés en el asunto, así como también negaron, haber tratado de influir en modo alguno sobre la autora del informe jurídico, lo cual fue refutado también en sede de instrucción por la propia autora Joana Macías, quien bajo juramento o promesa de decir verdad, como testigo declaró que ‘a ella ninguno de los políticos intervinientes en el Consejo de Gobierno la presionó para que cambiase el sentido de su informe, que de hecho ni los vio’.”
