Caso grúas

El presidente de Canarias compareció ante el Parlamento este martes, a petición de la oposición, para ofrecer explicaciones sobre su presunta implicación en el ‘caso grúas’. Como era de esperar, la sesión parlamentaria ha sido áspera, y nadie, ni sus aliados, han perdido la ocasión de desgastar al también candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno en las elecciones del 26M, ya que casi todos le pidieron la dimisión. Todo indica que este hecho va a marcar la agenda de la precampaña en la que estamos inmersos y de la campaña que se avecina, a pesar de que la jueza ha admitido las pretensiones del presidente Clavijo, y ha suspendido su declaración como investigado hasta que se resuelva un recurso ante el Tribunal Supremo interpuesto para impedir precisamente que la causa se trasladara desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al juzgado ordinario.

 

Se han dado dos circunstancias para llegar hasta aquí. El TSJC se declaró incompetente para conocer de la denuncia contra el presidente regional y, al tiempo, entró en vigor la reforma del Estatuto de Autonomía que suprime los aforamientos de altos cargos políticos, incluidos los miembros del Ejecutivo canario. Ambos factores determinaron la devolución del ‘caso grúas’ a un juzgado de La Laguna, con el voto particular en contra de uno de los magistrados. Fernando Clavijo figura como denunciado por presunta prevaricación y malversación por unos hechos que acaecieron cuando ostentaba la Alcaldía lagunera. La acusación, presentada por el grupo municipal en el Ayuntamiento de La Laguna Por Tenerife-Nueva Canarias, alude a supuestas irregularidades en su gestión en el Consistorio, donde fue concejal de Seguridad Ciudadana (2003-2007) y alcalde (2008-2014).