Dinero público para ascensores privados

Dinero público para ascensores privados

En estos días se ha iniciado una reclamación —justa reclamación— de un alumno de la Escuela de Arte Pancho Lasso por un ascensor que le permita que sus condiciones físicas no impidan su formación intelectual, ni le limiten para dar rienda a sus aspiraciones tal y como sus compañeros pueden hacer.
 
Hace años que desde la Escuela se ha manifestado que andan en la batalla por el fin de las barreras arquitectónicas ante distintas instancias educativas, y, a la desesperada, llegaron a dirigirse al Cabildo de Lanzarote. Según manifiestan desde el centro, en 2018 el Cabildo pagó con dinero público un ascensor a una entidad privada, y eso motivó que el centro educativo solicitara ayuda de la institución, con mayor razón que la entidad de referencia, ante la falta de determinación de la Consejería de Educación para materializar el proyecto.
 
El Cabildo está para obras sociales, pero no para atender privilegios
El Cabildo, entonces en manos de Coalición Canaria, ni tan siquiera respondió a la solicitud. No iba a atender lo que podría ser el inicio de una cascada de peticiones desde todos los ámbitos de la sociedad insular, pues todos querrían beneficiarse de tamaño despiporre. Entidades privadas culturales, deportivas, colombófilas, artísticas, todas, iban a reclamar el mismo trato dispensado a un igual. No pareció valorarse desde la institución lo que hizo ni cómo lo hizo, ni las repercusiones de sus actos, pues con el dinero público siempre surge el mismo problema, que cuando el pueblo llega a la administración cree que puede disponer de él libremente. También es verdad que la entidad social tiene miles de socios, potenciales votantes, que parece el motivo para la generosidad del Cabildo, y en la Escuela poco voto iba a obtener. 
 
Esto me retrotrae a una etapa anterior en que la misma institución, el Cabildo de Lanzarote, haciendo gala de los mismos niveles de arbitrariedad, acordó por ruborizante unanimidad hacerse cargo de las facturas del tratamiento de una grave enfermedad que afectaba a una consejera del propio Cabildo en una entidad hospitalaria privada; o sea, de un cargo político que decidió no hacer uso de la sanidad pública. Habrán dicho, o dirían, que era una cuestión de humanidad, a lo cual yo les respondería que tan humana es la consejera como todos aquellos con la misma necesidad y peor situación económica y personal, y el Cabildo está para obras sociales, pero no para atender privilegios, que es lo que fue el asunto.
Ser ciudadano de primera y de segunda puede tener sus límites en ser o no cargo público
 
En aquel momento podemos imaginar los dramas familiares existentes en Lanzarote —como existen hoy día— de personas sin medios que desearían acudir a los hospitales de referencia en determinadas patologías. Sin posibilidad de pagar los altos costes de las intervenciones y los tratamientos de la sanidad privada no les queda otra que la pública, que por cierto bien aceptable que es. Ser ciudadano de primera y de segunda puede tener sus límites en ser o no cargo público. 
 
Tal que los socios de un club, tratan a la administración a la que se deben, utilizando los recursos para aquello que es de interés de sus colegas. Acaso porque el dinero público no les duele, acaso porque los consejeros aspiren al mismo trato de favor. Si bien así ha sido durante mucho tiempo, debería dejar de serlo de una puñetera vez, porque cuando no se roba se detrae; cuando no se desvía se disimula... 
 
Efectivamente, a algunos habría que cortarles las manos. O los huevos, so pena de que con las perras del Cabildo se arreglen el corte.

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