El asilo no es una opción, es un derecho

La ausencia de paz y seguridad es la que convierte a millones de hombres, mujeres, niños y niñas, en solicitantes de asilo y de protección internacional y hace que muchos de ellos busquen refugio en Europa.

 

Según las cifras de ACNUR, más de 79,5 millones de personas en todo el mundo han tenido que dejar atrás sus hogares para poder sobrevivir, de los que 25 millones son oficialmente refugiados. Son las cifras más altas desde que existen registros. El problema es que no son números, sino seres humanos cada uno con sus sueños, sus anhelos y toda una historia detrás de miedos, huida y persecuciones. Y este año el cierre de fronteras por la COVID-19 se lo ha puesto aún más difícil. Su camino no es fácil, está sembrado de peligros. La misma violencia que les empuja a salir de casa les acosa en sus primeros pasos. Las fronteras se han convertido en trampas mortales porque algunos Estados entre ellos se han vuelto sobre sí mismos, atenazados por un temor atroz y medieval que nubla la mente e impide tomar las decisiones correctas. Si Europa ya mostró sus carencias en Derechos Humanos en las recientes crisis migratorias del 2015, permitiendo por ejemplo que se denegara el auxilio a personas a punto de morir en el mar, su política de asilo y refugio que se visibiliza en inhumanos campos griegos como el de Moria ha puesto al desnudo toda su hipocresía. Un brote de COVID-19 podría ser letal allí donde la higiene o la distancia social son poco menos que imposibles. Pero levantemos la vista y miremos más allá de las fronteras europeas, porque el 85% de los refugiados del mundo se encuentra en países del mal llamado Tercer Mundo, en Asia o en África, sobre todo.

 

Personas que buscan a la desesperada un suelo seguro, un territorio que les garantice al menos seguir viviendo, se encuentran bloqueadas en campamentos humanitarios, que, sin embargo, para ellos significan un espacio de alivio y sosiego como los que se encuentran en Chad, Níger, Kenia, Burkina Faso o Malí, amenazadas aún por la misma guerra de la que huyeron, en condiciones dramáticas. Lejos de acallarse las armas, los conflictos asimétricos como el que arrasa al Sahel se extienden cada vez más a lo largo del continente africano. Les persiguen en Sudán del Sur, en Dadaab, en los campamentos improvisados del noreste de Nigeria, en Dori, en Tilaberi. Quizás sean nombres que suenen poco en Europa, pero es ahí donde se viven auténticas tragedias cotidianas de niños que no tienen acceso al agua potable, de mujeres que paren a la luz de las velas, de prostitución forzosa, de ataques, violaciones y mendicidad. No son de otros, porque todos somos seres humanos que vivimos en el mismo planeta y por ello, todos debemos disfrutar de los mismos Derechos y defenderlos. Como servidores públicos tenemos una responsabilidad sobre todos ellos porque el sistema de protección, como demuestran cada vez más las crisis a las que se enfrenta el mundo, debe ser global.

 

El asilo no es una opción, es una obligación reconocida por la Ley y el Convenio de Ginebra de 1951, pongamos empeño en que se cumpla.

 

Si castigamos al sufrimiento o al olvido a quienes huyen de la guerra en los márgenes de nuestra sociedad, todo nuestro modelo de convivencia dejará de tener sentido. En España el sistema de acogida, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones, tiene por objeto atender el estado de necesidad de los solicitantes o beneficiarios de protección internacional en situación de vulnerabilidad formado por una red de centros de acogida de titularidad pública, Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y por dispositivos y programas de atención a solicitantes y beneficiarios de protección internacional gestionados por entidades sin ánimo de lucro especializadas, subvencionadas con este fin por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria. Las subvenciones concedidas a las ONG para la acogida de quienes conforman estos colectivos están financiadas con fondos que provienen de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Migraciones recibiendo cofinanciación, en algunos programas, del Fondo Social Europeo y del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Desde del PSOE estamos convencidos de que las políticas de asilo y de refugiados se afrontan con políticas comunes, consensuadas, transversales en el corto, medio y largo plazo, con perspectivas integrales e integradoras y sobre todo con actuaciones para atajar de raíz las dificultades migratorias, debemos comenzar por las actuaciones diplomáticas, y reforzar una verdadera política de cooperación al desarrollo como lo hemos hecho siempre que gobernamos o estando en la oposición.

 

Es necesario poner en primera línea de prioridades la pacificación de las zonas en conflictos en África, Asia y en Latinoamérica. En esta Legislatura, el Partido socialista trabajaremos para aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, “reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria”, permitiendo de esta manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están pendiente de desarrollo. Así mismo supondrá la incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las Directivas que conforman el sistema común de asilo europeo. La actual pandemia de la COVID-19 nos ha puesto delante una nueva forma de actuación: no se pueden tomar soluciones parciales ni territoriales porque los virus no entienden de color de piel, de Estados, de continentes y ha puesto de relieve que, únicamente tomando medidas socio-laborales, de índole económica, migratoria que afectan al conjunto de la ciudadanía y en especial, a las personas más vulnerables, sin que nadie se deje atrás es la manera adecuada de abordar una crisis. Por lo que, la política de asilo y ayuda al refugiado debería tomar ese mismo camino, no dejar a nadie atrás.