Elena Martín asegura que desconocía los expedientes de obras y que sólo intervino en dos de ellos

La tercera jornada del juicio de la pieza 12 del Caso Unión continuó esta mañana con las declaraciones de Elena Martín, jefa de la oficina de Contratación de Arrecife, el ex concejal del PIL, Antonio Machín, y los empresarios Samuel Lemes y Manuel Gregorio Reina Fabres. Ninguno de ellos reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía. También declaró el ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, que ha dado un vuelco en su defensa y ha confesado parte de los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal.

La jefa de la Oficina de Contratación del Ayuntamiento de Arrecife, Elena Martín, hija del ex líder del PIL, Dimas Martín, defendió su inocencia de los delitos que le imputan, prevaricación administrativa, revelación de información privilegiada y fraude a la administración. En su declaración, Martín asegura que los concejales acudían a ella cuando tenían dudas sobre las condiciones técnicas o administrativas.

Si bien, declaró que ella no conocía los más de 100 expedientes de contratación de obras que se han investigado en esta causa, y que fueron adjudicados entre los años 2007 y 2009 por un montante superior a un millón de euros, y que sólo intervino en dos.

Ante la pregunta de la Fiscalía de por qué no fiscalizó y controló “la adjudicación de una cascada de contratos por un millón de euros”, Martín indicó que esa no era su función, dado que la mayoría de esos contratos o expedientes, salvo dos, no salieron de su departamento sino del de Compras con el que ella no tiene relación alguna.

Elena Martín: "Becerra me trajo tres propuestas"

Elena Martín contradijo la versión dada el pasado lunes por el ex concejal Ubaldo Becerra, en torno al proyecto de arbolado del Parque Temático. Lo que se hizo desde Contratación “fue el contrato para la redacción del proyecto, se trataba de un contrato menor y se le adjudicó a Antonio Gómez”, aseveró. Pero, al contrario, Martín aseguró que nunca le dijo a Becerra, “de las tres propuestas dime cuál quieres”, tal y como aseguró el ex concejal del PIL en la segunda sesión del juicio.

La responsable de la oficina de Contratación sostiene que Becerra “me trajo tres propuestas, pero yo le hice saber que dado el importe de la obra de 180.000 euros tenía que ser a través de un procedimiento abierto, y en mi departamento no se hizo nada más; las propuestas se quedaron sobre la mesa y todo parado”. Martín asegura que a Ubaldo “no le gustó lo que le dije” y sostuvo ante la sala que “no me enteré de que el ayuntamiento le adjudicó la obra a La Palmita”.

En cuanto a la elaboración del pliego para el contratación de la redacción del Plan General de Ordenación, la acusada afirmó haber hecho "una porquería de pliego, porque lo hice a toda prisa e hice un corta y pega del anterior pliego del Plan General pero ni siquiera se pidió una retención de crédito, era un borrador”. La Fiscalía pide para Elena Martín 2 años de prisión y 20 años de inhabilitación.

Antonio Machín:"Yo hacía lo que me decía José Miguel"

Antonio Machín, ex concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento capitalino, también se declaró hoy inocente de los delitos que le imputa la Fiscalía, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y revelación de información privilegiada, por los que le pie una pena de 12 años y 6 meses de prisión, multa de 300.000 euros y 22 años de inhabilitación.

El ex concejal se negó a responder a las preguntas del fiscal y del resto de letrados, y tan sólo contestó a las preguntas de su abogada y de los magistrados. Si bien a solicitud de la Fiscalía, se dió lectura a las declaraciones que éste había hecho durante la instrucción de la causa. En respuesta a su abogada, Machín asegura que él no tenía potestad para firmar adjudicaciones de obras ni contratos de compras.

Así mismo y ante el tribunal, Machín reconoció el documento por el que se le designa concejal de Parques y Jardines en abril de 2009, aunque dijo, que él se enteró “semanas después”. El concejal, que ha negado que cobrara comisiones, aseguró que él sólo hacía lo que le decían, “José Miguel, como coordinador del grupo, me daba las pautas”, y que su trabajo consistía en “recoger las quejas y las propuestas de los vecinos para mejorar la limpieza de la ciudad”.

En su declaración, Antonio Machín aseguró que cuando entró en prisión compartió celda con el que había sido compañero de José Miguel Rodríguez en el Centro Penitenciario, y que esa persona le contó “que a José Miguel le dieron un lista de nombres y que le había dicho que tenía que involucrarlos porque si no, no vuelvo a ver a mis hijos”.

Por otro lado Machín, en respuesta a su abogada, apuntó que desconocía “el pacto entre el interventor y José Miguel Rodríguez ”. Un acuerdo que sí reconoció el propio Carlos Sáenz en su declaración ante la sala y por el cual no fiscalizaba ni controlaba las facturas provenientes de las concejalías del PIL.

Lemes: "Subí a intervención muchas veces porque las facturas de Samyer desaparecían"

Por su parte, el empresario Samuel Lemes sostuvo ante su letrado, dado que no contestó a las preguntas de la Fiscalía, que era tan sólo un apoderado de la empresa Construcciones y Promociones Samyer. Si bien reconoció que tenía mucha amistad con José Miguel Rodríguez y que alguna vez acudió al despacho del interventor “para ver qué pasaba porque un montón de facturas de Samyer desaparecían en el Ayuntamiento” .

En las conversaciones telefónicas que hoy se pusieron en la sala se escucha a Dimas Martín decirle a Lemes: “Tu haz lo que yo te diga”. Y al acusado que le explica a Dimas “al final lo que hice fue renunciar yo, y presentarme con la otra”. En la misma conversación, Dimas asegura “si lo dejas en el Ayuntamiento yo lo tendré controlado”. En una misiva entre Jose Miguel Rodríguez y Dimas Martín, que en ese momento cumplía prisión, se habla de la obra de la calle Balayo y Dimas le pide al concejal del PIL que se la adjudique a Samuel, posteriormente en otra carta José Miguel asegura que lo de Samuel “esta hecho”.

Preguntado por si conocía estos hechos Lemes ha respondido que no, si bien reconoció que no presentó el proyecto de la obra, sólo presentaba el presupuesto, y que le fue adjudicado.

Reina Fabre y sus versiones contradictorias

Por su parte, el otro empresario que declaró en la jornada de hoy fue, Manuel Reina Fabre, al que Fiscalía pide 4 años y 4 meses de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación de 11 años por los delitos de cohecho, malversación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y prevaricación. El acusado no contestó a la Fiscalía y sólo lo hizo a su abogado, si bien en su declaración de hoy puso de manifiesto algunas contradicciones con las realizadas durante la investigación e intrucción de la causa.

En esa declaraciones que fueron leídas a petición del fiscal, Reina Fabre reconoció que le habían pedido dinero para poder cobrar las facturas correspondientes a los trabajos en la Perrera Municipal y en el balneario del Reducto y que pagó a José Miguel Rodríguez 4.000 euros.

Sin embargo, hoy ha negado que pagara ningún dinero aunque si reconoció que le habían pedido comisiones. Ante el recordatorio de sus declaraciones anteriores por parte del fiscal, el empresario dijo se sintió “inducido” hacerlas porque en aquel momento tenía antecedentes penales vigentes y podía acabar preso.