Opinión

En su caso

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la conocida como Ley de Acompañamiento, en este caso, de los Presupuestos Generales del Estado de 1998, en su artículo 103 señala:
 
“La tarifa de aterrizaje de aeronaves en los aeropuertos de las Islas Canarias, Baleares y Melilla y las tasas aplicables a los pasajeros en dichos aeropuertos se reducirán en un 15% respecto de las cuantías establecidas con carácter general a los supuestos de servicios generales con el territorio peninsular. Ambas tarifas se reducirán en un 70% cuando se trate de servicios regulares interinsulares. La minoración que se produzca en los ingresos de ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, como consecuencia de lo establecido en el párrafo anterior, se compensará, si fuere preciso, con cargo al porcentaje del importe de la recaudación del ente a transferir al Tesoro Público en aplicación lo que disponga la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.
 
Además, la referida Ley añade: “El Gobierno procederá a la declaración de obligaciones de servicio público con los tráficos aéreos interinsulares y, en su caso, en los tráficos aéreos de los archipiélagos con el territorio peninsular; en ambos supuestos de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo, de 23 de julio. Esta declaración se realizará previa audiencia los Gobiernos de Canarias y de las Islas Baleares. Esta medida será de aplicación a Melilla y, en su caso, a Ceuta en los tráficos con el territorio peninsular. Asimismo, se financiará con cargo al porcentaje a que se refiere el párrafo segundo de este precepto el incremento del gasto público que origine el establecimiento de estas obligaciones de servicio público”.
 
Señalábamos en análisis anteriores que la bonificación de las tasas, en vigor desde 1998, ayuda a mejorar la competitividad de las compañías aéreas en el servicio que prestan en los territorios extrapeninsulares; por lo demás, la declaración de obligaciones de servicio público en los tráficos aéreos interinsulares es una garantía para llevar a cabo el control público del sistema, asegurando así unas frecuencias y un precio máximo del billete.
 
Estos días se ha reabierto el debate sobre si es posible controlar los precios máximos de los billetes en los trayectos entre Canarias y la Península y viceversa. En mi opinión, sí es posible llevar a cabo el control de los precios máximos de los billetes por parte del Gobierno de España -que tiene la competencia- con la participación del Gobierno de Canarias, Es posible en el marco de colaboración de la Comisión Bilateral Canarias-Estado.
 
El precepto citado de la Ley 66/1997, en lo referente a la declaración de servicio público alude `en su caso´ a los tráficos aéreos entre los archipiélagos y el territorio peninsular.
El ´en su caso´ debemos entenderlo -esa fue la intención del legislador- en tanto que se declara la obligación de servicio público también en los tráficos aéreos entre los archipiélagos y el territorio peninsular, pero que no se activará la obligación si la competencia que se estaba iniciando en el sector era capaz por si misma de regular los precios.
 
Durante mucho tiempo, la competencia ha regulado pero desde la desaparición de algunas compañías que operaban con Canarias se dan situaciones de abuso, inexplicables por la irracionalidad del sistema de precios que se aplica. Así las cosas, la declaración de obligación de servicio público de los tráficos aéreos entre Canarias y la Península -que permite el control de los precios máximos- está hecha desde la Ley 66/1997 y lo que falta es activarla.
 
En el trabajo que se llevó a cabo para este logro histórico para Canarias en 1997/98, cité el pasado domingo a dos colaboradores en la comisión negociadora que representaba los intereses del Archipiélago: José Luís Delgado y José Miguel Ruano. Es de justicia también citar a dos magníficos colaboradores que encontramos en la representación que negociaba por parte del Gobierno de Aznar: Pablo Mayor Menéndez, por entonces secretario general del Ministerio de Fomento e hijo de Federico Mayor Zaragoza y Francisco Marhuenda, en aquel tiempo jefe de Gabinete del ministro que llevaba los temas canarios –Mariano Rajoy- y hoy director del periódico La Razón.

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