Lo de la Cámara

Lo de la Cámara

La decisión de la Junta Electoral de suspender la campaña que la Cámara de Comercio iba a realizar entre empresas y comercios y abrir expediente sancionador tenía una tercera parte: remitirla al Juzgado de Guardia por si hay delito. Pero ¿qué se mandó realmente? El presidente de la Cámara de Comercio, José Torres Fuentes, y todos aquellos que adoptaron la decisión de la citada campaña pueden tener un problema, y de los serios. Porque lo que ha llegado a manos de la Justicia no es la campaña así, de modo genérico, sino algunos detalles que hasta el momento no han trascendido. Según ha podido saber este Top Secret, lo que se ha remitido al edificio de los Juzgados son unos mensajes de whatsapp enviados desde un teléfono que estaría vinculado al presidente cameral y cuyo destino fueron otros empresarios y asociados a la Cámara. Según parece, en esos mensajes se pide a los “jefes” que hablen con los trabajadores para que, a su vez, estos hagan lo propio con sus respectivas familias con un objetivo claro: tumbar el gobierno de Arrecife. Acabar con el Partido Socialista en la capital de la isla. Evitar a toda costa que el PSOE triunfe.

Por lo penal

Y en España está prohibido que alguien que no se presente a las elecciones haga campaña electoral, que es todo aquello que pueda orientar el voto de los vecinos. Es evidente que si lo de los mensajitos que nos soplan es cierto, estaríamos ante una práctica encaminada a influir en las elecciones. Y de una manera un tanto sucia, incluso, desde el punto de vista laboral. ¿Qué cara se le quedaría a un currito cuando ve llegar al jefazo diciéndole a quién no tiene que votar y que vaya y se lo diga también a la familia? ¡Con lo barato que está el despido por aquí! Lo cierto es que el susto se ha apoderado de algunas patronales. La Cámara, una Corporación de Derecho Público presidida por el que tiene lo que no tiene nadie, la CEL y ASOLAN, han recurrido la decisión de la Junta Electoral. El resto, entre los que se encuentran los más representativos en Arrecife, los transportistas, además de Felapyme o Aetur ya se están haciendo los locos. Es más: algún presidente de patronal ha consultado las repercusiones jurídicas que puede tener de demostrarse aquí apuntado y acabó espantado del todo. Y es que, según la ley, aquellos que han apoyado la iniciativa de la campaña para orientar el voto podrían haber cometido delito.

La investigación

Según fuentes próximas al caso, para no influir en los comicios, la investigación se iniciará después de las elecciones y es previsible que todos los presidentes de las patronales que aparecen en el folleto de la campaña apoyando la misma sean llamados a declarar. Canguelo. Lo primero que se investigará es si los órganos de gobierno de la Cámara y de las propias asociaciones empresariales acordaron formalmente participar en la campaña y qué personas concretas tomaron parte en esos acuerdos, si los hubo. Porque cabe la posibilidad de que esta campaña fuera diseñada sólo por dos o tres en el palacio de cristal de la carretera de San Bartolomé. Además del ministerio público, es decir, de la Fiscalía, el Partido Socialista podría personarse como acusación particular, al ser claramente el perjudicado, según se desprende de esos supuestos whatsapps que le pueden costar caro a Pepote, como cariñosamente se conoce al presidente de la Cámara de Comercio. Una Corporación que, por si alguien no lo tiene muy presente o se le ha ido la bola con tanto poder, tiene dos funciones encomendadas: ser órgano consultivo de las administraciones para temas relacionados con el comercio, la industria y la navegación, y ejercer como instrumento colaborador de la Administración para la tramitación de asuntos relacionados con sus miembros