Stampa

Stampa

Ha sido noticia de portada nacional. Y no es para menos. El fiscal Ignacio Stampa no obtiene una plaza en Anticorrupción, donde estaba de interino, al no ser apoyado por el Consejo Fiscal. No lo han propuesto ni la conservadora Asociación de Fiscales, a la que pertenece, ni la Unión Progresista de Fiscales, ni la Fiscal General del Estado. Eso supone, entre otras cosas, que Ignacio Stampa, al que tanto tenemos que agradecer en Lanzarote, queda fuera de la investigación del llamado popularmente Caso Villarejo, a día de hoy con una treintena de piezas separadas y decenas de imputados. A los que hemos conocido de cerca el trabajo del fiscal no nos asombra lo más mínimo la minuciosidad de su trabajo hasta el punto de no dejar escapar ni la más mínima. Ocurrió con el Caso Unión, investigación que Stampa dirigió en la isla. Quizá les suene ahora ya un poco más. El fiscal, que no ha cometido ningún delito, ha sido víctima de una campaña de acusaciones infundadas en la que se han mezclado partes, a priori, tan poco en sintonía como VOX, el comisario José Manuel Villarejo y el abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido en su día.

Líos

Le acusaron de mantener una relación con una abogada, precisamente de Podemos, a la que le estaría filtrando información de la que coloquialmente se conoce como de secreto de sumario. Ninguna de las acusaciones ha podido ser probada y todas las investigaciones han acabado archivándose. La más reciente, este último viernes por parte de la Fiscalía de Madrid. Fuentes conocedoras de cómo se mueve la cosa en La Villa y Corte aseguran que, si no es por este asunto, se hubiese buscado otro. El caso era remover al fiscal que a lo largo de los últimos tres años ha destapado, hasta el más mínimo detalle, el mayor caso de corrupción policial de la etapa democrática de España. Como hace una década destapó, hasta el más mínimo detalle, el mayor caso de corrupción político empresarial de la isla de Lanzarote. Y también aquí sufrió persecuciones como no se recuerdan antes. Resultaba ciertamente inaudito, si no fuera porque ya nos conocemos todos, que sectores de los medios de comunicación de la isla, no dejaban de denunciar y cuestionar la investigación al tiempo que justificaban comportamientos de los que se demostraron delincuentes.

Pleitos

Una de las cacerías más salvajes de las que fue objeto Stampa, junto al juez instructor César Romero Pamparacuatro, procedían del comunicador Francisco Javier Chavanel, condenado en firme por intromisión ilegítima en el derecho al honor del fiscal mediante intervenciones en la radio y en artículos de prensa donde cuestionaba, con mentiras, injurias y calumnias, las investigaciones en los casos judiciales Unión y Stratvs. Dijo el Tribunal Supremo, al que Chavanel recurrió -para qué fue aquello- que lo que largaba en la radio y escribía en prensa suponía “un grave desprestigio para el demandante, que cuestionaban su integridad moral y su rectitud profesional, y le atribuían la comisión de hechos ilícitos, cuando no directamente delitos y, por tanto, constituían una intromisión en su derecho al honor. Al no ser veraces, puesto que no consta que el demandado actuara diligentemente para comprobar que sus afirmaciones se correspondían con la realidad, la intromisión en el honor del demandante es ilegítima”. Lo de ahora de Madrid es lo de Lanzarote, pero multiplicado por mucho. Ánimo, Fiscal.