Triunfo del lobby turístico

Una primera interpretación del borrador de la Ley que regulará el alquiler vacacional desvela dos cosas: el triunfo del lobby turístico, al que el poder político parece deber mucho, y que el problema de la falta de vivienda no es consecuencia del fenómeno de moda.  Al menos no para el Gobierno de Canarias, puesto que la principal restricción que arbitra contra el alquiler vacacional es en zonas turísticas, que no son precisamente donde lo residentes buscan primero a la hora de alquilar una vivienda. El lanzaroteño Isaac Castellano, consejero de Turismo del Gobierno autónomo, un cargo ocupado por conejeros desde hace más de veinte años con alguna corta excepción, presentó este lunes el borrador del decreto que regulará el alquiler vacacional en las Islas. Y lo primero que llama la atención es cómo, de nuevo, el lobby turístico consigue doblegar la voluntad política e impone la prohibición de realizar esta actividad en zonas turísticas. Esta vez, sin embargo, serán cabildos y ayuntamientos quienes tengan la última palabra, en algunos casos, porque habrá excepciones. Puede parecer absurdo que en un lugar turístico se prohíba que un instrumento pensado para el turismo esté en zonas turísticas. Pero así es. Háganse una pregunta. Si ustedes fueran usuarios de la modalidad de alquiler vacacional, fenómeno que sigue al alza, ¿no les gustaría la opción de poder alojarse en un apartamento ubicado cerca de la playa? Seguro que a los redactores del borrador también, pero... Naturalmente se trata de eso, de un borrador susceptible de incorporar sugerencias que, se supone, habrán de mejorarlo. 

 

En palabras del propio Castellano, el borrador pretende “la sostenibilidad del modelo turístico; la compatibilidad o incompatibilidad de los usos turísticos y residenciales; el derecho a la vivienda de los residentes; las garantías laborales y el empleo del sector”. Los residentes, esa gran preocupación de todos. Es obvio que faltan viviendas de alquiler para residentes, sobre todo en islas como Lanzarote o Fuerteventura. Y parece que los planes del Gobierno son empujar a esas familias a alquilar en zonas turísticas, donde no estará permitido el alquiler vacacional y donde el precio de los alquileres para los residentes es mucho más alto. La apuesta por la sostenibilidad que dice el Gobierno que hace con este borrador es poco más que una frase hecha. Hace poco, se ha utilizado la expresión para justificar un hotel de cinco estrellas con playa artificial y un complejo de apartamentos de tres estrellas. Parece que evitar que un vecino de Fariones alquile a un turista su apartamento también se hace en aras de la sostenibilidad. 

 

El borrador se abre ahora a opiniones de particulares y colectivos. Algunos ya han opinado de antemano, pero el plazo es ahora. El texto establece la diferencia entre el propietario que posee una o dos viviendas vacacionales y el explotador profesional, dado que considera que, a partir de que se comercialicen tres viviendas vacacionales, la actividad es profesional. Del mismo modo, el proyecto de borrador de decreto incluye la necesidad de respetar los convenios colectivos también para los trabajadores del alquiler vacacional y señala a los canales de oferta turística como responsables de la veracidad de la publicidad e información que faciliten respecto al alquiler de viviendas vacacionales. Estas deberán retirar la publicidad de aquellas ofertas que la administración pública canaria les comunique que están en situación de ilegalidad. El periodo de adaptación a la nueva normativa será de seis meses desde su publicación, y las viviendas que en ese momento estén adecuadamente dadas de alta quedarán consolidadas. De esta normativa, tal y como establece la Ley de las Islas Verdes, quedan excluidas La Palma, El Hierro y La Gomera.