Una Comisión de Patrimonio a medida
Un chiste. La relación de Suso Machín, alcalde de Tinajo, con la Comisión de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, parece un mal chiste. Y la relación de la consejera Carmen Rosa Márquez con esa comisión no parece la propia de su cargo como titular del área, aunque pudiera no distar demasiado de la de los presidentes y consejeros que la han precedido, pues con el manido asunto del Belén de la plaza de San Roque, no hacen más que practicar distintos modus operandi para obtener alguna rentabilidad partidista.
Puede que fuera Dimas Martín quien creó esta Comisión al amparo de la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Canarias aprobada en el año 1999, en cuyo espíritu está el convertirse en órgano consultivo y asesor del Cabildo.
Desde que se creó, la Comisión de Patrimonio nació pervertida, pues en su composición se incorporaron representantes de cada municipio que asistirían cuando hubiera temas que les afectaran. Por allí pasaron concejales o técnicos, así como representantes de cada grupo político del Cabildo, en apariencia poco versados en asuntos técnicos relacionados con intervenciones en inmuebles protegidos o en los valores presentes en esos mismos bienes. Por tanto, poco capacitados para ayudar en la toma de decisiones que se vuelcan en las resoluciones de autorización o de denegación de determinadas obras que afectan al patrimonio cultural insular. Esa incapacidad ha sido reconocida en más de una ocasión por varios de los que por allí pulularon.
Conviene aclarar que a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico no le concierne conceder autorización alguna, sino dictaminar la procedencia o no de determinadas intervenciones que afecten a los bienes protegidos. Este dictamen deberá servir para que el presidente del órgano -consejero o presidente de la institución- adopte la resolución que convenga a los intereses de ese patrimonio. Ni a los de los alcaldes, ni a los del partido, ni a los de ningún empresario. Justo para lo contrario de lo que ha servido en ocasiones durante todos estos años. Y todo lo opuesto para lo que ha sido utilizada, ya no por Machín, el alcalde, que por pedir, puede pedir una estrella fugaz para ese particular escalectrix con el que juega cada Navidad, sino por la consejera Márquez, a la que no le ha temblado el pulso para cargarse de forma tan torticera la función de una Comisión de la que ella misma debiera ser garante. Una comisión para asistirle en la firma de cada resolución. Con el circo que ha permitido que montara Machín, aquella ha desautorizado a su departamento de Patrimonio sin haber resuelto las denuncias anteriores por el mismo tema. Ha dejado en cuestión a la propia institución que representa.
Tiempo atrás, en el funcionamiento del órgano, con temas de cierta enjundia, se pactaban los votos para ir en contra de determinadas propuestas de resolución, en una suerte de pugna por ver quien se llevaba el gato al agua. Desde el propio Cabildo, se instó a que el Colegio de Arquitectos estuviera representado en este órgano con el objeto de que determinado sector del propio Cabildo se hiciera fuerte contra el criterio de los técnicos de patrimonio. Era lo habitual. No le corresponde al Colegio estar ahí para asistir en temas relacionados con valores, y, de corresponderle, debiera estar el de aparejadores, el de ingenieros, el de médicos, y hasta la asociación de fontaneros y las Hermanas de María. Ello para expresar el disparate de una Comisión que ha estado vendida a intereses ajenos al patrimonio durante el tiempo en que ha venido funcionado.
Quienes han presidido determinadas comisiones, como en el caso de Márquez, resultan además unos cobardes porque buscan el amparo de los números para tomar decisiones que saben injustas e incompatibles con los valores del patrimonio. Saben que obran mal, saben que quieren seguir adelante para el logro de determinados favores pero no tienen arrestos para tomar solos esa decisión, como Carmen Rosa Márquez.
El Cabildo desciende unos escalones y lo hace de mano de la consejera, mujer tan poco capaz cómo útil al servicio de los vaivenes políticos. De haber sido rigurosos, ella y los anteriores, habrían montado una Comisión de expertos en patrimonio para dictaminar sin injerencias externas. Todo por el bien de eso a lo que apelan cada tanto y que resulta tan lamentable el uso que hacen. Por el bien de “lo nuestro”.
