Opinión

Air Europa

Esta última semana arrancó con un auténtico bombazo económico, al anunciarse que IAG -matriz de Iberia- inicia el proceso para la compra a Globalia de la aerolínea Air Europa, por 1.000 millones de euros. Una noticia de tantísimo calado -posiblemente, para los intereses de Canarias, la más trascendental del año- ha quedado eclipsada por la campaña electoral.
 
Con la liberalización del transporte aéreo en España, en el año 1997, Canarias mejoró de forma notable su conectividad con el exterior en calidad, precios y frecuencias. Al monopolio que hasta entonces ejercía Iberia le surgieron competidores en vuelos regulares, como Spanair y Air Europa, además de las compañías de low cost que paulatinamente se fueron incorporando al mercado canario; una competencia, entre las distintas compañías aéreas, que ha favorecido la cohesión territorial de las Islas con España y con el mundo, y supuso un salto cuantitativo y cualitativo en el medio de transporte del que más dependencia tenemos los que aquí vivimos.
 
De confirmarse por Competencia la legalidad de la operación, Canarias volvería a depender de un monopolio
Primero fue Spanair la que -hasta su cierre el 27 de enero del 2012- compitió abiertamente con Iberia, supliendo la continua pérdida en la calidad del servicio que la antigua compañía de bandera prestaba en el Archipiélago. Después, poco a poco, Air Europa se fue convirtiendo en una compañía aérea de referencia para los canarios. El creciente número frecuencias con las que la compañía presidida por Juan José Hidalgo fue conectando a nuestra tierra con la Península, el rejuvenecimiento de la flota, la calidad del servicio que presta a bordo y las ofertas competitivas que ha promovido, obligó a otras compañías a mejorar su competitividad para no ser abandonadas por el mercado.
 
A las restricciones en los tráficos con Canarias, anunciados por Norwegian y Ryanair, se une ahora esta gigantesca concentración de control del transporte aéreo -con relevante incidencia en las Islas- entre Iberia y Air Europa; aún pendiente, eso sí, del organismo supervisor de la Competencia. Existen dudas razonables sobre la viabilidad legal de una concentración del control del tráfico aéreo en el mercado vuelos nacionales, que acapararían el 72 % de los pasajeros y que, además, controlaría prácticamente de forma exclusiva algunas de las rutas. En Canarias, sin ir más lejos, estaríamos a merced de las decisiones en frecuencias, tipos de aviones, calidad del servicio y precios que marque el nuevo gigante surgido de la unión de las dos empresas.
 
De confirmarse por las autoridades de Competencia la legalidad de la operación, Canarias volvería a depender de un monopolio, el formado por el grupo que conformarían Iberia, Vueling, Iberia Express y Air Europa. Antes de la liberalización y privatización del transporte aéreo dependíamos de un monopolio público, ahora dependeríamos de un monopolio privado. El acuerdo de compra por parte IAG-Iberia de Air Europa convierte al grupo en un gigante aeronáutico, que acaparará el 70% de los vuelos nacionales y liderará las rutas de Europa hacia América.
 
El Gobierno de España debería activar la declaración de Obligación de Servicio Público en los vuelos que conectan las Islas con la Península
La suma de ambas dará lugar a una compañía con una flota de 250 aviones, más de 35 millones de pasajeros al año y unos beneficios de unos 540 millones de euros. La operación supondrá un impulso al aeropuerto Madrid-Barajas, que se convertirá en un gran hub europeo para competir con Amsterdam, Francfort, Londres o París. La otra parte que interviene en el negocio -el vendedor- recibe 1.000 millones de euros por renunciar a seguir luchando y compitiendo  en contra de los privilegios que históricamente ha tenido Iberia. Sin duda, un gran negocio tanto para el comprador como para el vendedor, pero una operación enormemente preocupante para los intereses de los canarios.
 
El claro debilitamiento que sufriría la competencia en el sector del transporte aéreo del Archipiélago con la Península exigiría la intervención urgente de los poderes públicos, para evitar la disminución de frecuencias, la pérdida de la calidad en el servicio y el alza de los precios. En definitiva, el Gobierno de España debería activar la declaración de Obligación de Servicio Público en los vuelos que conectan las Islas con la Península, prevista en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado de 1998 y ejercer el control público del sistema. De lo contrario, tenemos serios riesgos de caer en manos de un monopolio privado que tendrá en sus manos acercar o alejar aún más a los canarios de la Península.
 
Como en episodios vividos años atrás, cabe recordar a los responsables públicos que en juego no solo está la conectividad de las Islas sino la cohesión territorial respecto a quienes viven -vivimos- al sur del sur del Estado.

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