Opinión

Solo hay que activarla

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla -los territorios extrapeninsulres- han protagonizado esta semana un encuentro -una cumbre- sobre el transporte. Lógicamente, el descontrolado precio de los billetes de avión en los trayectos con el territorio continental centró la atención de los responsables públicos, de la sociedad y de los medios de comunicación. Básicamente, el objetivo era consensuar una propuesta que evite los abusos injustificados que se están produciendo en el precio de los billetes de avión para elevarla al Ministerio de Transportes del Gobierno de España.
 
El acuerdo de crear una mesa permanente del transporte en la que estén representados los gobiernos de los cuatro territorios alejados de la Península, para hacer un seguimiento a todas las incidencias relacionadas con la conectividad, es un paso importante. Ahora falta fijar un calendario que permita hacer un seguimiento permanente de todo lo que tenga que ver con el impulso a medidas que ayuden a mejorar la cohesión interna de los archipiélagos y a acercar a los cuatro territorios afectados a la Península.
 
Todos los avances que se han producido han sido producto de la posición política de Canarias en Madrid
La realidad es que, hasta ahora, todos los avances que se han producido en los últimos veinticinco años -pasos que han permitido mejorar la movilidad entre las islas y de éstas con el continente, así como la de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- han sido producto de la posición política de Canarias en Madrid. En el año 1998 -con el Gobierno de José María Aznar- Coalición Canaria logró el primer gran paquete de medidas para mejorar nuestra conectividad: bonificación de las tasas aeroportuarias en todos los aeropuertos de Canarias -extensible para Baleares y Melilla- en un 70%, un 15% de las tasas en todos los trayectos con la Península, el incremento del 10 al 33% de la subvención a los residentes en los territorios extrapeninsulares y en el año 1998 la declaración de Obligación de Servicio Público el transporte aéreo relacionado con la conectividad en/con Canarias, Baleares y Melilla.
 
En el año 2004 -con el Gobierno de España presidido por José Luís Rodriguez Zapatero- Coalición Canaria alcanzó un acuerdo de apoyo a la investidura que, entre otras cosas, contemplaba el incremento a los residentes, en los pasajes aéreos y marítimos, del 33 al 50%. Más tarde, en el año 2018, Nueva Canarias cerró un histórico acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy, de apoyo a los Presupuestos del Estado, en los que se contemplaba -entre otras cuestiones- el incremento de la subvención a los residentes de un 50 a un 75%.
 
Los abusos y el descontrol se están produciendo en los billetes con la Península
La subvención -ahora de un 75%- en el transporte marítimo y aéreo a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, no es un acto de generosidad del Estado con estos territorios: es un acto de justicia. Canarias ha liderado esta lucha que sin duda hemos ido ganando gracias a la posición política en Madrid la necesidad de los gobiernos mencionados del apoyo de los votos de obediencia canaria ha permitido el impulso de las medidas que nos ayudan hoy a estar mejor comunicados.
 
El objetivo que nos planteamos en la legislatura del primer Gobierno de Aznar -1996-2000- pasó por conseguir que la movilidad entre las Islas y de éstas con el exterior nos cueste por kilómetro aproximadamente lo que le cuesta a un peninsular moverse en el continente. En el año 1996 a un peninsular le costaba nueve de las antiguas pesetas -de media- moverse en transporte intermodal; a un canario nos costaba veintidós pesetas.
 
El sistema de transporte aéreo y marítimo funciona bien entre las Islas. Los abusos y el descontrol se están produciendo en los billetes con la Península. En mi opinión la solución a este desbarajuste está en el artículo 133 de La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1998: “El Gobierno procederá a declarar Obligación de Servicio Público los tráficos aéreos en los Archipiélagos y, en su caso, en los trayectos con la Península”. Por lo tanto, la Obligación de Servicio Público -que permite, entre otras cosas el control de los precios máximos con el continente- está aprobada. Sólo hay que activarla.

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