La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha pedido este martes a los Ayuntamientos adaptar la especialización de usos del suelo, cuando ya está consolidado y no requiere de transformación urbanística, para resolver la situación en la que se encuentran los propietarios que destinan sus apartamentos turísticos a un uso residencial.
Durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias, De León remarcó que las corporaciones locales son las que tienen competencias sobre el planeamiento urbanístico, y no el Gobierno autonómico ni sus servicios de inspección.
Al respecto, aclaró que “las sanciones se han interpuesto en estricto cumplimiento de la ley porque nunca se ha desarrollado el principio de especialización de usos, a pesar de que la norma está vigente desde 2003, se volvió a recoger diez años más tarde en la ley 2/2013 y se consolidó en la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias”.
De León señaló que "ordenar la Canarias que nos hemos encontrado requiere tiempo, paciencia y altas dosis de valentía". "Queremos una Canarias en la que se ordene atendiendo a la situación actual, pero también donde se cumplan las leyes”, subrayó.
Por ese motivo, la Consejería acometerá en esta legislatura la renovación del bloque normativo. Sin embargo, insistió, en que “esto sólo podrá lograrse si todo el mundo cumple sus competencias: nosotros la legislativa y los municipios la especialización de los usos de las parcelas”.
Con ese objetivo, De León apuntó que, además de con la Plataforma de afectados por la ley turística, se ha reunido con los alcaldes de los municipios, con el fin de estudiar fórmulas que ayuden a atajar este problema. Entre las propuestas planteadas, el Gobierno autonómico ha solicitado a los alcaldes que tramiten la especialización de las parcelas en los casos donde el uso residencial sea reconocido por los Ayuntamientos.
“Incoar dichos expedientes, ya sea a través de una ordenanza provisional o de modificaciones puntuales de los planes generales, nos podría permitir paralizar de forma cautelar los procedimientos sancionadores iniciados con respeto a la legalidad vigente", concluyó.
Debate sobre el suelo rústico para viviendas
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha informado hoy al Pleno del Parlamento autonómico que el Archipiélago dispone de 137 kilómetros cuadrados de suelo urbano y urbanizable sin desarrollar, por lo que “no tiene sentido abrir ahora el debate sobre el uso del suelo rústico, sin haber antes analizado las posibilidades del suelo urbano disponible en las Islas”. Miranda ha recordado que el destino del suelo rústico, con condiciones, en la isla de La Palma “obedece a una situación completamente excepcional, que no puede extrapolarse al resto de Canarias sin más”.
Manuel Miranda ha indicado que “la emergencia producida por la erupción volcánica nos obliga a tomar decisiones extraordinarias para resolver cuanto antes los graves problemas generados, entre ellos la pérdida de cientos de viviendas y de suelo donde poder construirlas, ocupado ahora por las coladas de la erupción”.
“Sin embargo”, ha acotado el consejero, “esas medidas urgentes ni puedan ni deben aplicarse al resto de las Islas, a pesar de que la vivienda es uno de los retos que ocupan y preocupan a este Gobierno de Canarias, como ha anunciado varias veces, la última de ellas ayer, mi compañero Pablo Rodríguez”.
El responsable de Política Territorial ha explicado que, según datos de Grafcan, “Canarias dispone en la actualidad de 13.752 hectáreas de suelo urbano y suelo urbanizable sin desarrollar, superficie equivalente a 137 kilómetros cuadrados, más de 17.000 campos de fútbol o la mitad de la superficie de la Isla de El Hierro”. Un 70% de dicho suelo, según estimaciones de la Consejería, podría ser destinado a uso residencial.
Por islas, en Tenerife son 4.407 hectáreas; 3.500 en Gran Canaria; también 3.500 en Fuerteventura; 1.400 en Lanzarote; 383 en La Palma; 193 en La Gomera; y 142 en El Hierro.
Manuel Miranda ha explicado que “todo este suelo urbano y urbanizable, gestionado de manera eficaz, podría poner en el mercado público y privado miles de viviendas a medio y largo plazo que no solo aumentaran la oferta, sino que provocasen la relajación de los precios actuales”, pero antes, ha señalado, “debemos afrontar de manera paralela la anunciada actualización de la Ley del Suelo, que permita profundizar en su filosofía, los principios de racionalización y simplificación que la inspiraron, para responder de manera más rápida, con más seguridad y mejores garantías a los retos que, como el de la vivienda, se nos presentan”.
El consejero ha informado de que esta Ley ha permitido aprobar “más de 200 instrumentos de ordenación desde su entrada en vigor, pero la ralentización que ha vivido en planeamiento en las Islas durante los últimos cuatro años está poniendo en riesgo el progreso socio económico del Archipiélago, y también la capacidad de éste para afrontar con garantías retos como el que hoy ocupa este debate”.
Miranda, quien ha recordado que el Gobierno de España también trabaja en una modificación de la Ley del Suelo estatal, ha pedido que el debate que se ha planteado “no se convierta en un arma política, porque la planificación territorial debe ser objeto de un debate calmado y sosegado”.
