Lanzarote aprueba instar al Estado a rechazar el cerco industrial de túnidos en canarias
La Corporación insular exige paralizar el plan experimental aprobado en ICCAT y reclama que cualquier decisión futura cuente con el consenso de Canarias y del sector pesquero
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado, por unanimidad, durante la sesión plenaria de este viernes, una moción para instar al Gobierno del Estado a rechazar la introducción de la pesca de cerco industrial de túnidos en aguas canarias, así como la implantación de jaulas de engorde asociadas a este modelo extractivo.
La iniciativa, defendida por el Grupo de Coalición Canaria, responde al plan experimental aprobado recientemente en el seno de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), una decisión adoptada sin consulta previa al Gobierno de Canarias ni a las cofradías de pescadores del Archipiélago y que ha generado un rechazo unánime del sector.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que “esta Corporación actúa en defensa de un modelo pesquero que ha demostrado ser sostenible y compatible con la conservación de nuestros caladeros. El cerco industrial supone un riesgo real para la biodiversidad marina y para la economía de muchas familias que dependen de la pesca artesanal en Lanzarote y La Graciosa”.
Betancort subrayó además que la aprobación de este plan experimental “responde a intereses ajenos a Canarias” y reclamó al Estado “transparencia sobre el procedimiento seguido en ICCAT y respeto institucional hacia una comunidad autónoma cuyo litoral y recursos marinos se verían directamente afectados”.
Por su parte, el consejero de Pesca del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín, explicó que la introducción del cerco industrial “rompe el equilibrio del sistema pesquero canario y genera una competencia desleal frente a la flota artesanal, que opera con técnicas selectivas y de bajo impacto”.
Martín advirtió de que la presencia de grandes barcos de cerco en las mismas zonas y periodos de actividad que la flota local “pondría en riesgo la viabilidad económica del sector”, además de provocar un impacto ecológico significativo, especialmente por la interacción con especies protegidas como los delfines, habituales en aguas canarias.
La moción aprobada recoge la petición al Gobierno del Estado para que paralice el plan experimental de cerco industrial autorizado en ICCAT, requiera explicaciones sobre el procedimiento seguido para su aprobación sin consulta previa a Canarias y establezca que cualquier decisión que afecte a los recursos marinos y a la actividad pesquera en aguas canarias se adopte con el acuerdo del Gobierno autonómico y del sector pesquero del Archipiélago.