ARRECIFE
ASL denuncia que el Ayuntamiento de Arrecife no publica las actas de sus plenos
21 de febrero de 2019 (11:48 h.)
Tampoco actualiza el ‘perfil del contratante’ desde 2017 y advierte que negar el acceso a la información “es violar los derechos de los ciudadanos”.
La Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL) dice haber “tenido constancia en los últimos meses del desprecio del gobierno de Arrecife por las normas procedimentales y administrativas”. Según ASL, “no se publican las actas de los plenos ni se actualiza el perfil del contratante desde el año 2017”.
“No publicar las actas plenarias supone, además de un incumplimiento flagrante de la normativa vigente que puede acarrear condenas o sanciones en el ámbito administrativo y judicial, un ejercicio de anti transparencia con todo aquel ciudadano que muestre interés legítimo en conocer las decisiones que se toman en el máximo órgano municipal”, asegura ASL.
ASL considera que un gobierno municipal “que abandera la transparencia, la correcta ejecución de los procedimientos y la buena gestión no deja pasar año y medio sin publicar sus actas ni niega a sus ciudadanos el acceso a los procedimientos de contratación obstaculizando el acceso al ‘perfil del contratante”’, en el que se deben publicar todos los documentos relativos a los contratos y licitaciones del Ayuntamiento”.
La falta de publicación de las actas “impide” que cualquier ciudadano, entidad o administración pueda consultar asuntos de relevancia, “como pudiera ser el expediente de cesión de suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas de protección oficial. Un procedimiento que sigue sin avanzar ni ver la luz, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación plenaria en junio de 2018”.
Ante esta situación, la secretaria general de la ASL, Nayra Callero, afirma que "una vez más Eva de Anta demuestra su total desprecio por las decisiones plenarias al no cumplir con la normativa, demostrando una absoluta falta de transparencia en su gestión". Desde ASL se recuerda al PSOE y a sus socios de gobierno que negar el acceso a la información y no cumplir con la publicación de los asuntos municipales a la que obliga la normativa “supone una violación de los derechos de los ciudadanos”.