Físcalia
La Fiscalía investiga las contrataciones de fiestas de Arrecife desde 2023
20 de enero de 2026 (08:24 h.)
La investigación se produce tras recibir una denuncia y su correspondiente ampliación en las que ponen en cuestión las contrataciones de las tres ediciones de la Feria Navilán (2023, 2024 y 2025), y a la Feria de Abril y el Carnaval de Arrecife de 2024
La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias de investigación sobre presuntas irregularidades en la contratación de eventos festivos realizados por el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) desde el año 2023 hasta la actualidad.
En un oficio de Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Fernando Rodríguez solicita información de diversos expedientes tanto al Consistorio a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ambos dependientes del Cabildo de Lanzarote,
La investigación se produce tras recibir una denuncia y su correspondiente ampliación en las que ponen en cuestión las contrataciones de las tres ediciones de la Feria Navilán (2023, 2024 y 2025), y a la Feria de Abril y el Carnaval de Arrecife de 2024.
La denuncia describe un sistema de contratación caracterizado, presuntamente, por el uso reiterado del contrato menor, la ejecución de prestaciones sin cobertura contractual previa, la fragmentación artificial de servicios homogéneos y la existencia de reparos por parte de Intervención levantados de forma sistemática, así como la reiteración de empresas adjudicatarias.
La feria de Navilá ha sido organizada por la empresa Wedding Plans en sus tres ediciones mediante contratos de patrocinio publicitario en procedimientos negociados sin publicidad. En la edición de 2024 recibió 588.000 euros de Arrecife, 400.000 de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y otros 550.000 de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
La Fiscalía solicita esclarecer, además de las contrataciones, la ocupación de un solar municipal de 6.000 metros cuadrados para dicha feria: el título habilitante, licencias, pago de tasas o control interno municipal, entre otros aspectos.
El fiscal pide una gran cantidad de información tanto al Ayuntamiento como a los CACT y la Sociedad de Promoción. También demanda informes a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, mientras que solicita a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UEDF) de la Policía Nacional un atestado policial sobre esos hechos.
En un oficio de Fiscalía al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Fernando Rodríguez solicita información de diversos expedientes tanto al Consistorio a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, ambos dependientes del Cabildo de Lanzarote,
La investigación se produce tras recibir una denuncia y su correspondiente ampliación en las que ponen en cuestión las contrataciones de las tres ediciones de la Feria Navilán (2023, 2024 y 2025), y a la Feria de Abril y el Carnaval de Arrecife de 2024.
La denuncia describe un sistema de contratación caracterizado, presuntamente, por el uso reiterado del contrato menor, la ejecución de prestaciones sin cobertura contractual previa, la fragmentación artificial de servicios homogéneos y la existencia de reparos por parte de Intervención levantados de forma sistemática, así como la reiteración de empresas adjudicatarias.
La feria de Navilá ha sido organizada por la empresa Wedding Plans en sus tres ediciones mediante contratos de patrocinio publicitario en procedimientos negociados sin publicidad. En la edición de 2024 recibió 588.000 euros de Arrecife, 400.000 de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y otros 550.000 de los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
La Fiscalía solicita esclarecer, además de las contrataciones, la ocupación de un solar municipal de 6.000 metros cuadrados para dicha feria: el título habilitante, licencias, pago de tasas o control interno municipal, entre otros aspectos.
El fiscal pide una gran cantidad de información tanto al Ayuntamiento como a los CACT y la Sociedad de Promoción. También demanda informes a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Audiencia de Cuentas de Canarias, mientras que solicita a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UEDF) de la Policía Nacional un atestado policial sobre esos hechos.