Arrecife dice que Madrid no ha presentado licencia y se dispone a desmantelar el CATE
En plena nueva oleada de llegada de personas migrantes, el Gobierno municipal informa que "sigue adelante el expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, abierto al carecer de licencia de obras, que puede resolverse con el desmantelamiento de las instalaciones" del Centro de Atención Temprana de Extranjeros (CATE).
El Ayuntamiento de Arrecife, que preside Astrid Pérez, ha emitido un comunicado en el que dice que la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, "ha desistido presentar la documentación requerida para legalizar el CATE", Centro de Atención Temporal de Extranjeros ubicado en pleno centro de Arrecife. Se refiere a las carpas colocadas junto a la sede de la Policía Nacional de la capital.
El Ayuntamiento de Arrecife, con fecha de hoy miércoles 26 de enero, ha resuelto el expediente de solicitud de licencia de obra para el CATE “por no haber cumplimentado satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias”, según una resolució, y por tanto "resuelve dar por terminado el procedimiento administrativo y proceder al archivo de las actuaciones".
Sigue adelante el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística
Asimismo, la corporación municipal informa que "sigue adelante el expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, abierto al carecer de licencia de obras, que puede resolverse con el desmantelamiento de las instalaciones".
Este expediente se abrió también en noviembre del pasado año y su resolución estaba condicionada a que la Dirección General de la Policía tuviese la licencia de obra para el CATE, "que ha instalado sin licencia", y que está compuesto por 20 estructuras desmontables, tres contenedores y un vallado metálico perimetral ubicado en la calle Escotilla y Timón, en la trasera de la Comisaría de la Policía Nacional, "en un solar de la Autoridad Portuaria que no ha sido cedido al Ministerio de Interior".
En dicha resolución se ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida que “consistirá en la solicitud de licencia de implantación de instalación para uso de equipamiento social”, y en el caso de que, continúa el expediente, “no se culmine el trámite de concesión de licencia por causas imputables al promotor, o ésta concluya desfavorable, se procederá a resolver el expediente de restauración de la legalidad, ordenando el desmantelamiento de las instalaciones y el cese del uso”.
Tal y como manifiesta el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Eduardo Placeres, “desde la Dirección General de la Policía no han presentado ninguna de la documentación que le requerimos desde noviembre del año pasado, ni la tasa por expedición de licencia junto con el justificante, ni tampoco la garantía para cubrir los costes de demolición de la infraestructura en caso de incumplimiento”.
Para el responsable de Urbanismo “está claro que son conocedores de la ilegalidad que están cometiendo y no se han molestado en tramitar la solicitud de licencia de obra ante el Ayuntamiento”.