Ástrid Pérez: “Con la izquierda sólo hay vivienda segura para los okupas”
La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, manifestó hoy que “con la izquierda gobernando en España, sólo hay vivienda disponible y segura para los okupas, protegidos por un Gobierno que encarece la compra de vivienda y ahuyenta la oferta de alquiler”.
Astrid Pérez indica que “los okupas y los inquilinos okupas están sobreprotegidos gracias a la legislación que el Gobierno aprobó durante la pandemia, en una situación de emergencia sanitaria, y que ha mantenido inopinadamente desde que regresamos a la normalidad”.
“En el PP defendemos una modificación normativa que garantice la expulsión inmediata de los okupas en 24 horas”, asegura.
“Mientras Pedro Sánchez y sus aliados políticos detenten el poder en España, el derecho de los españoles a una vivienda digna es una utopía porque la seguridad jurídica no existe. En esas condiciones, ni los promotores construyen ni los propietarios acuden al mercado de alquiler”.
Para Astrid Pérez “sin seguridad jurídica es previsible que cada vez haya menos viviendas en venta y en alquiler en nuestro país y a nadie le debería extrañar que la oferta se reduzca y los precios se disparen de forma irrefrenable”.
Recuerda que “con Sánchez en la Moncloa el precio de la vivienda se ha incrementado más de un 44% y en el mercado del alquiler hay 120.000 viviendas menos, y las que quedan son cada vez más caras”.
La presidenta insular entiende la alarma que genera en la ciudadanía la evolución crítica del mercado de la vivienda que, por ejemplo, sitúa a 4 municipios de Lanzarote (Arrecife, Haría, Tías y Yaiza) entre los más caros y que más encarecieron en el último año en Canarias.
Astrid Pérez señala que en su etapa como alcaldesa de Arrecife cedió suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de nuevas viviendas, “las únicas viviendas de promoción pública que se han construido en los últimos 30 años”.
Sea como fuere, “la solución a un problema tan acuciante como complejo debe necesariamente comenzar por recuperar la seguridad jurídica, defendiendo el derecho constitucional a la propiedad privada de los propietarios y apostando por la vivienda pública y por la colaboración público-privada en la construcción de vivienda nueva”.
