SANIDAD PÚBLICA
El SCS condenado a pagar este año casi 1,3 millones en indemnizaciones por negligencias
26 de agosto de 2025 (18:35 h.)
A un vecino de Lanzarote se le confirmó que tenía derecho a cobrar 65.000 euros del SCS y de una mutua por una caída laboral, a raíz de la cual sufrió una fractura en la cadera que no fue detectada hasta 14 días después
El Servicio Canario de la Salud (SCS) suma en los meses transcurridos de 2025 casi 1,3 millones de euros en pago de indemnizaciones por nueve negligencias médicas en diferentes islas, y que han sido reconocidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Así, a finales de enero a un vecino de Lanzarote se le confirmó que tenía derecho a cobrar 65.000 euros del SCS y de una mutua por una caída laboral en junio de 2018, a raíz de la cual sufrió una fractura en la cadera izquierda que no fue detectada hasta 14 días después.
En ese tiempo no se consideró necesario llevar a cabo intervención quirúrgica alguna y cuando se vieron obligados a hacerla no había plazas disponibles en la isla, por lo que se intentó que fuera operado en Gran Canaria pero, por razones desconocidas, tampoco se llegó a hacer.
Tras una discusión entre la aseguradora y el SCS finalmente una sentencia en primera instancia y luego el TSJC consideraron que ambas debían afrontar de forma solidaria los gastos sanitarios y ahora la indemnización.
Por esas fechas, el SCS también fue condenado a pagar 352.479 euros a una mujer por la muerte de sus gemelas debido a una mala praxis en el embarazo, que era de alto riesgo, al no haberse garantizado las medidas de seguridad necesarias, lo que provocó una infección y el fatal desenlace.
El TSJC también reconoció en enero el derecho a que un hombre cobrara una indemnización que no se ha concretado por la tardanza en realizar un diagnóstico adecuado, lo que dio lugar a que perdiera el testículo derecho.
Posteriormente los tribunales dieron la razón a una vecina de Fuerteventura en su derecho a percibir 200.000 euros después de que el 24 de marzo de 2020 acudiera a un centro de salud de la isla, al sentir que perdía fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo, sobre todo en las extremidades.
De aquí fue derivada al Hospital Insular donde el traumatólogo que la atendió le diagnosticó un daño en los nervios periféricos del cerebro y en la médula espinal, dándole a continuación el alta.
Al día siguiente la pérdida de fuerza era completa, fue atendida de nuevo en el Hospital Insular, donde se realizaron pruebas y se detectó una lesión en el cerebro con sangrado, por lo que fue trasladada de forma urgente al Hospital de Gran Canaria.
La negligencia se habría producido en el momento en el que fue tratada en la primera vez en el Hospital al no haberse realizado un diagnóstico adecuado.
El TSJC también ratificó otro fallo que fijaba en 6.000 euros el pago a un paciente por mala praxis al no haber sido informado de la forma debida de la intervención urológica a la que iba a ser sometido, no haberse llevado a cabo las pruebas necesarias ni firmar el consentimiento.
El Consejo Consultivo llegó a cifrar la indemnización en 12.000 euros, que el Juzgado y el TSJC redujeron a la mitad.
Asimismo un vecino del sur de Gran Canaria, con una dolencia terminal y calificado como A. A., o lo que es lo mismo que debía permanecer acompañado en todo momento, fue dado de alta en el Hospital Insular de Gran Canaria, de donde salió solo y dos años y medio después sigue en paradero desconocido.
Los tribunales reconocieron a los familiares el derecho a recibir una indemnización de 60.000 euros.
Otros 130.000 euros cobrará una mujer de Gran Canaria por “deficiente atención médica”, de los que el SCS había aceptado pagar 122.000, pero en este caso el TSJC ni siquiera admitió el recurso presentado por el Gobierno canario dada la escasa diferencia entre ambas cantidades. Por ello, tampoco se dieron más detalles sobre lo ocurrido.
Asimismo, dos hijos de una anciana de 86 años de Gran Canaria también recibirán 60.000 euros por la defectuosa prestación a su madre, diagnosticada como de alto riesgo de caída, pese a lo cual cuando fue ingresada en el Hospital Negrín en agosto de 2017 no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas.
Por ello, la paciente que también presentaba problemas de desorientación y agitación, cayó de la cama en el mes de octubre y murió dos días después. Estos percances habían ocurrido en otras ocasiones anteriores por el mismo motivo cuando estaba ingresada.
Otro caso es el de una niña tinerfeña a la que se le tuvieron que amputar las dos piernas a la altura de los tobillos debido a que cuando fue atendida en un centro de salud por presentar fiebre alta no se le prescribió antibiótico alguno.
En total el SCS fue condenado a pagar 273.000 euros y a la obligación de costear todas las operaciones que se realicen en el futuro para adaptar las prótesis a su desarrollo físico.
Asimismo el marido de una mujer que en marzo de 2021 sufrió una caída en la ducha con pérdida de conciencia y dolor cervical recibirá 145.200 euros, dado que cuando fue atendida dos días seguidos en el Centro de Salud de Ingenio se le diagnosticó una cervicalgia.
En ambas ocasiones fue dada de alta sin que se llegara a realizar ninguna prueba, por lo que la mujer murió 24 horas después. La reclamación del recurrente se fundamentó en que no se siguieron los protocolos de caídas y ni siquiera se sospechó que se podía tratar de un traumatismo craneoencefálico.
Así, a finales de enero a un vecino de Lanzarote se le confirmó que tenía derecho a cobrar 65.000 euros del SCS y de una mutua por una caída laboral en junio de 2018, a raíz de la cual sufrió una fractura en la cadera izquierda que no fue detectada hasta 14 días después.
En ese tiempo no se consideró necesario llevar a cabo intervención quirúrgica alguna y cuando se vieron obligados a hacerla no había plazas disponibles en la isla, por lo que se intentó que fuera operado en Gran Canaria pero, por razones desconocidas, tampoco se llegó a hacer.
Tras una discusión entre la aseguradora y el SCS finalmente una sentencia en primera instancia y luego el TSJC consideraron que ambas debían afrontar de forma solidaria los gastos sanitarios y ahora la indemnización.
Por esas fechas, el SCS también fue condenado a pagar 352.479 euros a una mujer por la muerte de sus gemelas debido a una mala praxis en el embarazo, que era de alto riesgo, al no haberse garantizado las medidas de seguridad necesarias, lo que provocó una infección y el fatal desenlace.
El TSJC también reconoció en enero el derecho a que un hombre cobrara una indemnización que no se ha concretado por la tardanza en realizar un diagnóstico adecuado, lo que dio lugar a que perdiera el testículo derecho.
Posteriormente los tribunales dieron la razón a una vecina de Fuerteventura en su derecho a percibir 200.000 euros después de que el 24 de marzo de 2020 acudiera a un centro de salud de la isla, al sentir que perdía fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo, sobre todo en las extremidades.
De aquí fue derivada al Hospital Insular donde el traumatólogo que la atendió le diagnosticó un daño en los nervios periféricos del cerebro y en la médula espinal, dándole a continuación el alta.
Al día siguiente la pérdida de fuerza era completa, fue atendida de nuevo en el Hospital Insular, donde se realizaron pruebas y se detectó una lesión en el cerebro con sangrado, por lo que fue trasladada de forma urgente al Hospital de Gran Canaria.
La negligencia se habría producido en el momento en el que fue tratada en la primera vez en el Hospital al no haberse realizado un diagnóstico adecuado.
El TSJC también ratificó otro fallo que fijaba en 6.000 euros el pago a un paciente por mala praxis al no haber sido informado de la forma debida de la intervención urológica a la que iba a ser sometido, no haberse llevado a cabo las pruebas necesarias ni firmar el consentimiento.
El Consejo Consultivo llegó a cifrar la indemnización en 12.000 euros, que el Juzgado y el TSJC redujeron a la mitad.
Asimismo un vecino del sur de Gran Canaria, con una dolencia terminal y calificado como A. A., o lo que es lo mismo que debía permanecer acompañado en todo momento, fue dado de alta en el Hospital Insular de Gran Canaria, de donde salió solo y dos años y medio después sigue en paradero desconocido.
Los tribunales reconocieron a los familiares el derecho a recibir una indemnización de 60.000 euros.
Otros 130.000 euros cobrará una mujer de Gran Canaria por “deficiente atención médica”, de los que el SCS había aceptado pagar 122.000, pero en este caso el TSJC ni siquiera admitió el recurso presentado por el Gobierno canario dada la escasa diferencia entre ambas cantidades. Por ello, tampoco se dieron más detalles sobre lo ocurrido.
Asimismo, dos hijos de una anciana de 86 años de Gran Canaria también recibirán 60.000 euros por la defectuosa prestación a su madre, diagnosticada como de alto riesgo de caída, pese a lo cual cuando fue ingresada en el Hospital Negrín en agosto de 2017 no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas.
Por ello, la paciente que también presentaba problemas de desorientación y agitación, cayó de la cama en el mes de octubre y murió dos días después. Estos percances habían ocurrido en otras ocasiones anteriores por el mismo motivo cuando estaba ingresada.
Otro caso es el de una niña tinerfeña a la que se le tuvieron que amputar las dos piernas a la altura de los tobillos debido a que cuando fue atendida en un centro de salud por presentar fiebre alta no se le prescribió antibiótico alguno.
En total el SCS fue condenado a pagar 273.000 euros y a la obligación de costear todas las operaciones que se realicen en el futuro para adaptar las prótesis a su desarrollo físico.
Asimismo el marido de una mujer que en marzo de 2021 sufrió una caída en la ducha con pérdida de conciencia y dolor cervical recibirá 145.200 euros, dado que cuando fue atendida dos días seguidos en el Centro de Salud de Ingenio se le diagnosticó una cervicalgia.
En ambas ocasiones fue dada de alta sin que se llegara a realizar ninguna prueba, por lo que la mujer murió 24 horas después. La reclamación del recurrente se fundamentó en que no se siguieron los protocolos de caídas y ni siquiera se sospechó que se podía tratar de un traumatismo craneoencefálico.