Los agricultores de Lanzarote podrán competir con las islas capitalinas por las ayudas europeas
09 de junio de 2021 (23:26 h.)
El Consejo de Ministros modifica la normativa para luchar contra la doble insularidad que padecen los productores de frutas y hortalizas de las islas menores de Canarias y Baleares
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la modificación del Real Decreto 532/2017 por el que se regulan el reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas. El objetivo principal de esta modificación es facilitar la constitución de organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) en las denominadas islas menores: Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en Canarias; y Menorca, Ibiza y Formentera en Baleares.
Según el Gobierno, estas islas se ven sometidas a una doble insularidad respecto a la península, por un lado, y respecto a las islas que actúan como centros administrativos de sus respectivas comunidades autónomas, por lo que los productores de frutas y hortalizas tienen más dificultades para alcanzar los criterios de reconocimiento necesarios para constituir organizaciones de productores.
La modificación aprobada reduce el mínimo exigido de número de socios y valor de la producción comercializada que se exigía hasta ahora para reconocer una organización de productores de frutas y hortalizas. En Lanzarote se verían beneficiados fundamentalmente los productores de papas y cebollas.
Las organizaciones de productores son un elemento clave en la regulación del sector, ya que permiten concentrar la producción, y en consecuencia aumentar su competitividad y el poder de negociación para alcanzar precios justos para sus productos. Asimismo son el elemento que permite el acceso al grueso de las ayudas que la PAC destina a las frutas y hortalizas a través de los programas operativos.
Las ayudas a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través de estos programas operativos supusieron casi 270 millones de euros en la última anualidad pagada en el ejercicio 2020, correspondiente a los programas operativos ejecutados en 2019, con una tendencia creciente en España desde la constitución de esta ayuda por parte de la Unión Europea.