La formación asamblearia considera que la respuesta del estado español al conflicto catalán es absolutamente desproporcionada.
Alternativa Ciudadana (AC) ha mostrado su preocupación ante la escalada represiva del Gobierno español en Cataluña. La formación considera inaceptable actuaciones como: la detención de doce cargos de varias Consellerias, la amenaza de detención de más de 700 alcaldes y alcaldesas, el robo y la destrucción de cartelería, panfletos, confiscación de material gráfico y planchas de impresión para la “desarticulación” del referéndum, la incautación de material divulgativo favorable al referéndum de particulares o la prohibición de actos y eventos públicos para mostrar determinada postura respecto a la consulta.
"Estas acciones responden claramente a la voluntad del Partido Popular de reprimir el derecho democrático del pueblo catalán a expresar y decidir democráticamente sobre su presente y su futuro", han aseverado desde AC.
A juicio de los asamblearios, aunque el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal la Ley que regula el referéndum, "ello no justifica una respuesta absolutamente desproporcionada por parte del Estado español, que por lo que vemos, está dispuesto a imponer su fuerza por encima de la voluntad de millones de ciudadanos que aspiran a algo tan sencillo como expresarse políticamente".
Aseguran desde Alternativa Ciudadana que "el Estado español, férreo en su posición, represor en todas sus posibilidades, incompetente en tantas otras, está llevando a cabo una serie de medidas que ponen en riesgo las libertades, derechos individuales y colectivos, aplicando de facto el estado de excepción sin atreverse a declararlo oficialmente".
El movimiento político y social lanzaroteño, no sólo defiende abierta y decididamente el derecho a decidir de los pueblos, en este caso del pueblo catalán. También manifiestan su apoyo a la Asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades convocada por Unidos Podemos y a la que se han sumado otras organizaciones políticas. Según AC, esta Asamblea constituye "un instrumento adecuado tanto para mostrar el rechazo a las desmesuradas actuaciones del gobierno de Rajoy como para deliberar acerca de la imperiosa necesidad de abrir espacios de diálogo y negociación a fin de encontrar una solución democrática del conflicto catalán".