Critica el uso del pabellón como centro de salud
Astrid Pérez, preocupada por el Centro de Salud de Argana
La parlamentaria se muestra preocupada por “la posible pérdida del dinero contemplado en los presupuestos para el futuro Centro de Salud de Argana”.
La parlamentaria regional y presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, ha puesto de manifiesto hoy en la Cámara Legislativa canaria su preocupación por “la posible pérdida del dinero contemplado en los presupuestos de este año para el futuro Centro de Salud de Argana”. Un temor que Pérez viene mostrando desde hace meses “ante el retraso del Plan General y la negativa del Gobierno municipal a habilitar el suelo mediante una modificación puntual del planeamiento”.
Según ha expuesto en el Pleno del Parlamento el consejero de Sanidad a preguntas de la parlamentaria, “el riesgo de perder ese dinero existe si el Ayuntamiento de Arrecife no es capaz de completar el procedimiento para la cesión de un espacio alternativo y provisional en el Pabellón de Deportes de Argana Alta durante este próximo mes de junio”.
Astrid Pérez: “Es lamentable que se tenga que recurrir a una instalación deportiva para prestar servicios sanitarios”
Astrid Pérez ha señalado que la necesidad del Centro de Salud de Argana “no es nueva para nadie (…) porque es lamentable que se tenga que recurrir a una instalación deportiva para prestar servicios sanitarios”. De igual modo, subraya que “los mismos que hablan de sanidad digna y de calidad son los que ahora plantean estas soluciones chapuceras para tapar su incompetencia política”.
La también concejal del PP en el Ayuntamiento de Arrecife duda sobre la viabilidad de la alternativa propuesta por el grupo de gobierno. “De sobra es conocido que el Pabellón de Argana lleva años cerrado por carecer de licencia de apertura y funcionamiento, y que actualmente está en trámites de regularización”, matizó, añadiendo que “si este primer paso no se cumple, difícilmente el Ayuntamiento podrá ceder al Gobierno de Canarias un local en un pabellón cerrado por ilegal”. Si finalmente la inversión no se puede realizar, la responsabilidad correspondería “única y en exclusiva al gobierno municipal formado por Partido Socialista y Coalición Canaria”, concluye Astrid Pérez.
