La Audiencia Provincial sienta en el banquillo al exconcejal de San Bartolomé Pedro Reyes (PP), al interventor y a un empresario
La Audiencia Provincial de Las Palmas celebra este miércoles una vista en Lanzarote en la que se juzga el presunto desfalco de 600.000 euros de las arcas de San Bartolomé entre 2004 y 2007. Los acusados, el concejal de Servicios Públicos de la época, Pedro Reyes (PP), el ex interventor municipal Carlos Sáenz y el empresario José Daniel Hernández.
Al ex concejal del PP Pedro Reyes la Fiscalía le pide seis años de cárcel y diez años de inhabilitación al considerarlo autor de los delitos de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos. Al que fuera interventor, Carlos Sáenz, otros seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario, además de un delito continuado de fraude y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Finalmente al empresario, José Daniel Hernández, el ministerio público le pide cinco años y seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por ser inductor de un delito continuado de prevaricación, autor de un delito de falsedad mercantil y cooperador necesario de sendos delitos de fraude y malversación de caudales públicos.
La Fiscalía sostiene en su relato que entre los citados años los acusados se pusieorn de acuerdo para "la arbitraria expoliación de los fondos públicos de San Bartolomé”. Para ello “se creaba la ficción de la adjudicación directa por contrato menor”, saltándose los procedimientos de contratación pública. En total se citan 36 los expedientes que se adjudicaron al empresario sin que existiera contrato. La cantidad total ascendía a 582.813,07 euros. Al menos en 13 de esos expedientes, según la Fiscalía, ni siquiera se hizo la obra o el servicio.
Además de las penas citadas, el ministerio público pide que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de San Bartolomé con 155.061 euros en concepto de responsabilidad civil. El importe se corresponde con el dinero cobrado en facturas por trabajos que, según sostiene la Fiscalía, "no se llegó a realizar la obra" ni a "prestar el servicio objeto del contrato", con el "consiguiente lucro personal y correlativo quebrando de las arcas públicas municipales".