El servicio de grúas de La Laguna se privatizó en 2004
La Audiencia de Tenerife ordena reabrir la causa contra Fernando Clavijo por el caso Grúa
En caso de que sea investigado formalmente, y por su condición de aforado, la causa deberá ser instruida por el TSJC.
La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado reabrir la causa contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por el denominado caso Grúas. Se investiga una serie de actuaciones presuntamente irregulares cometidas durante la etapa de Clavijo como alcalde de La Laguna en relación al servicio de retirada de vehículos de la vía pública. En caso de que Clavijo sea investigado formalmente, y por su condición de aforado, la causa deberá ser instruida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Para reabrir el caso, la Sección Segunda del tribunal provincial ha estimado el recurso presentado por concejales de los partidos de la oposición Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unid@s Se Puede contra el sobreseimiento provisional decretado en junio pasado por un Juzgado de Instrucción. Para la Sala, el juzgado “se precipitó” al archivar la causa "en el momento inicial" de la investigación y “no valoró” de forma adecuada indicios de los que "no cabe excluir" que los denunciados hayan podido cometer los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
XTF-NC y Uni@s se Puede adelantan su intención de personarse como acusación popular
Representantes de XTF-NC y Uni@s se Puede presentaron el auto en rueda de prensa, y adelantaron su intención de personarse en la causa como acusación popular. Además, no descartan recusar a la jueza de instrucción. "Estamos consternados con la actuación de la jueza de instrucción y la Fiscalía", ha subrayado el concejal de XTF-NC Santiago Pérez.
El servicio de grúas de La Laguna se privatizó en 2004. La propuesta partió de Fernando Clavijo, que era entonces concejal de Seguridad Ciudadana en un gobierno municipal que estaba liderado por Ana Oramas, la actual diputada de CC en el Congreso de los Diputados. El contrato fue adjudicado a una empresa que años después denunció ante la Guardia Civil que había sido sida amenazado y coaccionada por Clavijo para que la concesión quedara en manos de un grupo de trabajadores de la empresa, que tenían una vinculación "directa o indirecta" con el entonces alcalde.
