Caso Unión: Carlos Sáenz y Cárdenas, primeros en admitir los delitos que se les imputan

El que fuera interventor del Ayuntamiento de Arrecife, Carlos Sáenz, y el ingeniero Antonio Cárdenas han confesado en la segunda jornada del juicio de la pieza 12 del Caso Unión, conocido por el caso de las comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife, los delitos que le imputa el Ministerio Fiscal pero, no se muestran conformes con la pena que se les pide.

Carlos Sáenz acusado de malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración, aseguró hoy en el juicio, que llegó a un acuerdo con el entonces responsable de Hacienda de la Corporación, el ya fallecido, José Miguel Rodríguez, para no fiscalizar ni controlar ninguna de las facturas provenientes de las concejalías del PIL.

En su declaración, Sáenz, que sólo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía, ha reconocido que ordenaba el pago de estas facturas aún sabiendo que las mismas incurrían en irregularidades y daba el visto bueno y firmaba las propuestas de gasto tan sólo porque correspondían a las áreas que controlaba el PIL.

“Pagaba todas las facturas que venían de su manos”

El que fuera interventor de Ayuntamiento capitalino ha afirmado en la sala que pagaba “todas las facturas que venían de la mano de José Miguel Rodríguez, que era mi jefe”. De esta manera, Sáenz asegura haber dado el visto bueno al pago de una factura por la mejora de la Oficina Técnica a la empresa Construcciones y Promociones Samyer S.L., de Samuel Lemes, también imputado en este caso, a pesar de que dicha obra había sido adjudicada y pagada anteriormente a Construcciones Torres.

Así mismo, reconoció haber pagado cuatro veces por el mismo trabajo. Se trata de 4 facturas pagadas al empresario Jesús Manuel Martín Brito de la empresa Infogelan Construcciones, también sentado en el banquillo de los acusados. Sáenz reconoce que se pagó indebidamente estas cuatro facturas que se debían a un único trabajo realizado.

De la misma manera, se refiere al pago de las 4 facturas presentadas por otro de los investigados, Manuel G. Reina Fabre, al que se le abonaron facturas por un valor superior a los 30.000€ sin someter los pagos a ningun tipo de control o fiscalización y aun a sabiendas de que se trataba de un importe superior al auténtico valor de los servicios prestados.

Si bien Sáenz reconoció que propiciaba estos gastos ilegales, preguntado por el Ministerio Fiscal si recibía comisiones de estas facturas a las que no ponía ningún reparo, el ex interventor aseguró que no. Así mismo apuntó que el acuerdo con José Miguel Rodriguez no se hizo extensivo a otros concejales.

Información privilegiada

De otro lado, en la mañana de hoy también ha declarado el Ingeniero Antonio Cárdenas, investigado por un delito de revelación de información privilegiada y un delito de fraude a la administración. Cárdenas ha reconocido los hechos que se le imputan y declaró en el juicio que José Miguel Rodríguez le entregó el borrador del informe del Plan de Barrios para que conociese los criterios del mismo, de carácter reservado, por lo que se valió de información privilegiada a la hora de hacer su proyecto del Plan, por el que facturó algo más de 4.000 euros.

En la mañana de hoy ademas de resolver más cuestiones previas presentadas por los abogados de la defensa, se dio lectura de las declaraciones que en su momento hicieron José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo durante la instrucción de la causa, declaraciones en las que el concejal de Hacienda reconocía el cobro de comisiones a empresarios y posterior reparto entre Ubaldo Becerra, Antonio Machín y él mismo. Además en esas declaraciones aseguraba que Dimas Martín se interesaba por las empresas a las que el Ayuntamiento de Arrecife contrataba.

En las declaraciones de Matías Curbelo, en las que apuntó su intención de colaborar con la Justicia, se volvía a hacer hincapié en el cobro de comisiones a distintas empresas, una de ellas Urbaser, de las que dijo que una parte al menos era para la entonces alcaldesa María Isabel Déniz y otra para Dimas Martín.

En sus declaraciones ante el juzgado instructor, Matías Curbelo reconoció que el PIL disponía de una contabilidad en negro con la que asumían las campañas electorales y que provenía de los fondos que entregaban algunos empresarios de la isla. Entre los que citó pagarés entregados por Juan Francisco Rosa al partido.