Un dictamen de la FCM señala que la Ley del Suelo es una “singularidad” en el Derecho Autonómico Español

De manera que, en las 80 páginas que constituyen el Dictamen se analiza e identifica como asuntos sustantivos: la “simplificación” normativa, la ampliación de actividades y usos en el suelo rústico, la configuración y el diseño del órgano ambiental al que se le confía la evaluación ambiental de los planes.

 

Así como, la atenuación de los controles ambientales y urbanísticos, la aprobación definitiva de los planes generales por los municipios, el debilitamiento de los planes insulares, la pérdida de competencias supramunicipales por parte de la Comunidad Autónoma y los Proyectos de Interés Autonómico e Insular.

 

El Dictamen realiza además un estudio comparativo del derecho autonómico en relación a la aprobación de los planes por parte de los Ayuntamientos como plantea la actual Ley y con respecto a la evaluación ambiental y el órgano ambiental al que se le confía la evaluación (supresión de la COTMAC). Se concluye en ambos casos que no hay parangón en el resto de legislación autonómica con respecto a las modificaciones introducidas para Canarias por el Proyecto de Ley que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo.

 

En el primer caso, es prácticamente unánime “el criterio favorable a la atribución de la competencia de la aprobación definitiva de los planes generales a las Comunidades Autónomas, no por azar, sino como mecanismo de garantía de los interés supralocales”, en los asuntos estructurales. En el segundo caso, atendiendo al panorama comparado, las previsiones incorporadas al Proyecto de Ley se apartan de la tónica general, pues la cualificación técnica y la separación de órganos (redactor y evaluador ambiental) se muestra como indispensable exigencia.

 

Una de las conclusiones fundamentales del Dictamen es que "no existe precedente en el derecho autonómico comparado de un modelo de ordenación del territorio como el que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo". De manera que “representa una rigurosa singularidad dentro del conjunto del ordenamiento autonómico” en cuanto a flexibilización de los controles.

 

Por otro lado, el Dictamen señala que "la pretendida simplificación jurídico-legislativa que se persigue con el Proyecto de Ley no se consigue y, por tanto, no se supera la “maraña legislativa”. Lo que se hace es plantear un modelo alternativo de ordenación territorial que entiende simplificación no como clarificación jurídica, sino como liberación de controles.

 

Así mismo, el Dictamen cuestiona la seguridad jurídica que resulta del Proyecto de Ley y advierte del posible aumento de la conflictividad judicial e incluso de una eventual inconstitucionalidad de la Ley por riesgos de vulneración de la regla constitucional de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

 

Una de las advertencias más relevantes del Dictamen, sino la mayor, recae sobre los Proyectos de Interés Autonómico o Insular, pues “constituyen caldo de cultivo propicio para la irrogación de situaciones arbitrarias y no puede causar sorpresa que en otras Comunidades Autónomas se hayan producido importantes anulaciones en sede judicial respecto de instrumentos de similares características".

 

Más allá de los aspectos concretos sometidos a análisis individualmente, el Dictamen jurídico pone en cuestión el modelo en su conjunto que plantea el Proyecto de Ley, destacando los efectos de debilitamiento del control legal que la acumulación de unos y otros cambios proyectan sobre el conjunto.