Juicio a la corrupción en Lanzarote

Dimas Martín: "Me han metido en este sumario con calzador"

Foto: José Luis Carrasco

Dimas Martín se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados, en el juicio por el caso de las comisiones ilegales en el ayuntamiento de Arrecife. El ex líder del PIL niega que haya cobrado comisiones y asegura que era tan solo un "asesor".

El histórico líder del PIL, Dimas Martín, se ha vuelto a sentar esta mañana en el banquillo de los acusados, en el juicio por el caso de las comisiones ilegales en el ayuntamiento de Arrecife, la pieza 12 del caso Unión. El Ministerio Fiscal le imputa los delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público, por los que le pide una pena de 17 años y 6 meses menos un día de prisión, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24años.

Dimas Martín ha mantenido durante sus declaraciones ante el fiscal y los letrados del caso, que él tan solo “recomendaba y asesoraba a los concejales del PIL”, “Mi lenguaje y mi manera de expresarme, por deformación puede parecer que yo ordeno, pero no es así, yo solo recomiendo” así respondía Martín a las pregunta del Ministerio fiscal sobre si había ordenado al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, que retuviera el pago a la empresa Fomento. Mientras que en la conversación telefónica entre ambos, que se ha reproducido en la sala se escucha a Martín decirle al concejal “No pagues ni un duro” al tiempo que apuntaba “los vamos a llevar a juicio por todas las deficiencias en el pabellón y lo que han cobrado de más”, en referencia a las obras del pabellón de Argana.

De forma parecida se ha pronunciado Dimas Martín en torno a las deudas con el empresario Castellano, uno de los denunciantes del caso Unión. En este caso asegura que recomendó “no pagar la deuda, porque me parecía escandaloso que por limpiar una nave se cobrara 4.000 euros al mes, el señor Castellano quería cobrar una deuda de 269 mil euros en obras que reclamaba desde 2006 y que de hecho siguió reclamando hasta 2011 al ayuntamiento ”. Así mismo y sobre este aspecto el acusado tras reconocer su letra en un folio donde se indicaba “no pagar a Castellano, no pagar a Urbaser, no pagar a Nazaret” , asegura que tan solo se trataba de “una recomendación”.

“A mí me han metido en este sumario con calzador”

Dimas Martín ha insistido en su declaración que el máximo responsable del PIL en el ayuntamiento de Arrecife hasta marzo de 2008 era Antonio Hernández que ostentaba la Tenencia de alcaldía y el área de Urbanismo, hasta el punto que le ha espetado al fiscal “usted me ha sustituido a mí por Antonio Hernández a quien curiosamente no ha traído aquí” ante lo cual, el presidente de la sala ha llamado al orden a Martín. No obstante Dimas ha reiterado estas manifestaciones en su declaración con expresiones como “ a mí me han metido en este sumario con calzador”.

El que fuera máximo responsable del PIl ha negado que cobrara comisiones de los empresarios imputados en el caso e incluso aseguró no conocía a ninguno de ellos salvo a Samuel Lemes del que dijo “lo vi nacer y crecer, le tengo aprecio especial y tenemos una relación de lealtad”, así mismo reconoció conversaciones con él hablando de una deuda económica, aunque dijo que “ se trataba de un deuda personal, Samuel me debía dinero y me lo fue pagando”. En una de las conversaciones con José Miguel Rodríguez que se han reproducido durante el juicio, Martín le pregunta al concejal “¿Cómo llevas los temas con Samuel?. Sácame el concurso de La Rocar” así mismo le pregunta “¿no puedes hacer certificaciones que él las lleve al banco y la pignore ?”

En el escrito de la fiscalía se sostiene que Dimas Martín controlaba y dirigía las concejalías en manos del PIL en el ayuntamiento de Arrecife en una trama delictiva de cobro de comisiones y mantiene que Dimas ejercía control directo, en temas como la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana, adjudicación de concursos público, órdenes de pago, o adjudicación de obra pública a empresarios concretos.

En la sesión de esta mañana también ha declarado el empresario Juan Francisco Rosa al que la fiscalía le imputa un delito de falsedad continuada de documento público por el que le pide una pena 2 años y 3 meses de prisión y multa de 15.000 euros. El empresario aseguró en el Juicio que contrató a Dimas Martín por motivos "humanitarios" y que lo hizo después de que el político hubiese obtenido el tercer grado.