Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, de la urgencia al olvido

¿Alguien sabe qué fue de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias? No se hablaba de otra cosa entre 2001 y 2003, en la segunda mitad de la legislatura que presidió Román Rodríguez, un presidente que puso mucho empeño en reconducir la industria turística hacia el siglo XXI. Aquello quedó en mucho menos de lo previsto y para saber por qué hay que leer el estudio titulado El ciclo de vida de los instrumentos de planificación turística: el caso de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, realizado por Moisés Simancas-Cruz, de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña, y publicado en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales (Vol. LII, Nº 205, otoño 2020, págs. 507-528).

 

El estudio trata de identificar los factores que explican el ciclo de vida de este instrumento de planificación territorial del turismo. Para ello, igue un proceso secuencial de generación-regeneración-degeneración, hasta el punto que prácticamente desapareció de la agenda política, para verificar la importancia que el liderazgo, autoridad y voluntad de determinados representantes políticos tienen tanto en su diseño y formulación de la política pública turística, como en los avances y retrocesos en su aprobación e implementación. El coloquial concepto de la presencia o falta de voluntad política para que la cosas funcionen o no, pero en el terreno académico. 

 

El ensayo concluye que el éxito del proceso de formulación y aprobación de las Directrices de Ordenación del Turismo fue consecuencia del protagonismo político del presidente de Canarias (Román Rodríguez), en un primer momento, y del vicepresidente (Adán Martín) en un segundo, así como de sus respectivos equipos. Esta actitud denota su capacidad como actores con poder suficiente como para influir deliberadamente en el proceso. Este se convirtió en un espacio de liderazgo político, en cuanto se enmarcó el proyecto político. “Ello supuso una apropiación de la planificación y gestión del turismo desde lo público por parte de los líderes tomadores de las decisiones, para lo cual, estaban legitimados, hasta el punto que se convirtieron en determinantes, aunque no exclusivos, del proceso”, sostiene el autor. 

 

Sin embargo, la situación cambió a partir del año 2003 y, sobre todo, 2006, señala el estudio. Así, de la actitud ‘proactiva’, operativa o especialmente activa se pasó a una ‘pasiva’ cuando dicho líder perdió su poder político. Esta falta de liderazgo político explica la escasa eficacia en la implementación de las Directrices, que fue apartada de la agenda, quizás de manera intencionada, por parte de los nuevos responsables políticos. Por tanto, lo que falló fue la voluntad política que debía favorecer la efectividad de cualquier proceso de ordenación territorial, así como la capacidad institucional necesaria para gestionar la ejecución, el seguimiento y el control de sus acciones y, en suma, para hacer que sus previsiones se cumplieran, asegura Simancas-Cruz.

 

El estudio finaliza subrayando: “la eficacia de las Directrices de Ordenación del Turismo se relaciona directamente con los cambios de los criterios políticos e institucionales. A su vez, éstos dependen de vaivenes e imprecisiones políticas. Ello denota la importancia de la voluntad, el liderazgo político y capacidad institucional en la formulación, aprobación y, sobre todo, implementación de los instrumentos de las políticas públicas turísticas. Esta perspectiva da cuenta de la relevancia de identificar y valorar los actores políticos, en general, y de los objetivos e intereses de los líderes políticos, en particular, que intervienen en la definición, estructuración e implementación de una determinada política pública resultan cuestiones esenciales de análisis”.