Supera los 200.000 millones de euros al año en España
Economía sumergida, made in Lanzarote
11 de diciembre de 2017 (07:14 h.)
El importe que se deja de recaudar en este país por la economía sumergida equivale al 70 por ciento del gasto sanitario anual.
Casi tres euros de cada diez que circulan en Lanzarote proceden de la economía ilegal o irregular, para entendernos coloquialmente. Se llama economía sumergida y es más frecuente en las sociedades de servicios, como la conejera. También son economía sumergida las cajas B de los partidos políticos y el cobro de comisiones ilegales, así que está en juego el estado del bienestar y no sólo si le cuadran o no las cuentas al ministro Montoro. “Por una sociedad justa y solidaria, emerge. No a la economía sumergida” es el lema de una campaña promovida por la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL) y financiada por el Cabildo, pero, casi dos años después de su puesta en marcha, se desconoce cuántas actividades han salido a flote en la isla y han abandonado su situación de ilegalidad.
Estamos ante un problema de enormes proporciones, ya que supera en España supera los 200.000 millones de euros al año. Ello significa más del 20 por ciento del Producto Interior Bruto y ocasiona que Hacienda deje de ingresar más de 70.000 millones de euros al año. Para hacernos una idea, el importe que se deja de recaudar en este país por la economía sumergida equivale al 70 por ciento del gasto sanitario anual.
En Canarias cerca del 30 por ciento de la actividad económica se hace al margen de las normas
La economía sumergida es la suma de la economía informal y la economía ilegal. La economía informal, también llamada irregular, es aquella actividad económica legal aunque oculta a efectos registrales por razones de elusión fiscal o de control administrativo. La economía ilegal, por contra, lo es por su propia naturaleza, por ejemplo, el tráfico de drogas y la prostitución. Ambas actividades, economía informal y economía ilegal permiten la acumulación de dinero negro que posteriormente tiene que ser lavado.
La CEL intenta que se el problema sea visualizado para que la población sepa los elevados costes sociales que supone que más del 20 por ciento de la actividad económica se haga al margen de las normas. Lógico, por cuanto estas prácticas ponen en riesgo los derechos laborales de los trabajadores y la financiación de los servicios públicos, además de vulnerar las reglas de la libre competencia en el mercado. La corrupción cuesta noventa mil millones al año a los españoles.
En España parece acreditado que hasta el presidente del Gobierno ha cobrado sobresueldos en negro
En materia de ocultismo laboral y fiscal, España se sitúa ligeramente por encima de la media europea, que está en torno al 18 por ciento, pero la economía sumergida en Canarias se sitúa unos diez puntos por encima de la media española. Canarias es la segunda región con un mayor peso relativo de su economía sumergida, que representa casi el 30% de su riqueza. Nada sabemos acerca de las dimensiones de este fenómeno en Lanzarote, más allá de que la construcción y los servicios son sectores proclives a la economía oculta y que, igualmente, gracias a ella y a la solidaridad familiar no se ha producido un estallido social en una isla en la que una de cada cinco personas en edad de trabajar está en paro.
A pesar de la comprensión social hacia quienes se buscan la vida como sea, patronales y sindicatos coinciden en combatir y tratar de reducir la economía sumergida, ya que genera competencia desleal entre las empresas y trabajadores y una menor recaudación pública. Pero tampoco es que los poderes públicos se esmeren mucho por resolver este viejo problema. En España, por ejemplo, parece acreditado que hasta el presidente del Gobierno ha cobrado sobresueldos en negro, por lo que las campañas de información que apelan a la responsabilidad social y a los incentivos para atajarla deberían empezar por arriba.