Polémica anulación del contrato de recogida de basura en Teguise

El PP habla de 'mala fe' y Cs llama incompetente a Oswaldo Betancort

La ejecución de la sentencia que obliga a retrotraer a su inicio el expediente de adjudicación del servicio de recogida de residuos en Teguise ha aumentado las críticas hacia el alcalde, Oswaldo Betancort.

Ciudadanos (Cs) ha pedido este jueves al Ayuntamiento de Teguise “agilidad para convocar cuanto antes el nuevo concurso público para adjudicar el servicio de recogida de basura y limpieza en el municipio”.

Así lo ha expresado el portavoz de la agrupación de Cs en Teguise, Antonio Becerra, quien ha explicado que “los tribunales han anulado la adjudicación actual porque el ayuntamiento aplicó condiciones que no estaban en el pliego pero fueron propuestas por algunas de las empresas adjudicatarias”, es decir, que “el consistorio cometió irregularidades al incluir estas cláusulas, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), que estaban fuera de la condiciones iniciales”.

En este sentido, ha denunciado que “el alcalde, Oswaldo Betancort (CC), ha vuelto a demostrar su incompetencia a la hora de efectuar adjudicaciones de contratos públicos”, y, lo peor, es que “se atrevió a recurrir una sentencia que evidenciaba la falta cometida por la corporación local”.

“Es lamentable que sean los vecinos de Teguise los que tengan que pagar las ocurrencias de un alcalde que por orgullo se empeñó en recurrir una sentencia que estaba perdida de antemano”,  ha criticado Becerra.

Por todo ello, Ciudadanos ha exigido al Ayuntamiento de Teguise que “convoque cuanto antes la mesa de valoración para poder evaluar las ofertas empresariales que se presentaron en 2013”, con el fin de “agilizar el proceso y adjudicar de nuevo este servicio”.

El Partido Popular habla de mala fe

Por su parte el concejal del Partido Popular, Jonás Álvarez, denuncia el “ocultamiento, la falta de transparencia y la irresponsabilidad” con la que el Alcalde Oswaldo Betancort ha llevado un tema tan delicado como el de la sentencia condenatoria que anula la adjudicación del servicio de basura del municipio por las graves repercusiones económicas que podría tener para el consistorio.

Aunque esta sentencia no reconoce efectos indemnizatorios a la empresa recurrente, si es posible que se pueda incorporar en una fase posterior si la empresa presentara ahora una reclamación patrimonial por daños y perjuicios basándose en la misma. En ese caso, se podría determinar una indemnización por el beneficio industrial perdido, del 6% del precio de adjudicación del contrato, lo que supondría más de un millón de euros.

De producirse este hecho supondría un desequilibrio sustancial de los presupuestos municipales aprobados el pasado mes de enero, poniendo en riesgo la salud financiera y servicios esenciales para el municipio.

Álvarez critica que el gobierno municipal haya mantenido este asunto de espaldas a los grupos de la oposición y que no fuera hasta el último pleno cuando llevara, por la vía de urgencia, la propuesta para acatar la ejecución de sentencia sin que, tal y como denunció el concejal del Partido Popular, se hubiese facilitado toda la documentación del expediente. Motivo por el cual el concejal popular solicitó que se dejara sobre la mesa hasta tener toda la información, negándose el Alcalde a posponer el acuerdo, conculcando con ello el derecho que asiste a la oposición.

Álvarez critica que el grupo de gobierno tuviese conocimiento de la sentencia desde junio de 2018 y que la haya mantenido oculta durante todos estos meses pues ni siquiera cuando se notificó la obligación de ejecutarla se informó de la misma.

El concejal del Partido Popular considera que Oswaldo Betancort ha actuado “de mala fe y de forma irresponsable” al guardar la sentencia en la gaveta hasta el último momento y que sea ahora ”deprisa y a la carrera” cuando pone en evidencia el problema llevándolo a pleno por el trámite de urgencia.

Álvarez cuestiona de forma contundente el “secretismo del Alcalde poniendo nuevamente el riesgo la aprobación de los presupuestos municipales como ya ocurrió con la sentencia de Caleta de Caballo”. “Lo que han hecho es una marrullería más de las suyas”, asegura, “porque son ellos, el Alcalde y el concejal de Hacienda, los que han creado el problema y los que han optado por taparlo pensando que se iba a resolver solo”.