Los fallidos planes turísticos para La Graciosa desde Fraga a Adolfo Suárez

“El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, ha cumplido su palabra. Durante su reciente estancia en las islas —principalmente en la de Lanzarote— anunció un gigantesco plan promocional turístico para la isla de La Graciosa nada más ni nada menos que 25.000 plazas hoteleras, dentro de un gran complejo en el que no faltaba el más mínimo detalle. Proyecto que habría de ejecutar cualquier empresa nacional o extranjera que estuviera en condiciones de realizar en aquel islote lo que se pretendía”. Esta es la información que ofrecía el periódico El Eco de Canarias el domingo 10 de noviembre de 1968.

 

La crónica aseguraba que Fraga llevaría el plan a Consejo de Ministros para su posterior aprobación por las Cortes Españolas, con el fin de promover el desarrollo turístico a gran escala en la islita, que, su mayor parte, era de titularidad estatal. A comienzos del siglo XX, el Estado se interesó por aclarar la situación de la propiedad de La Graciosa, ya que venía coleando desde los tiempos de la conquista. La isla había sido cedida por el primer marqués de Lanzarote al Cabildo para aprovechamiento comunal y venía siendo administrada por el Ayuntamiento de Teguise.

 

A principios de los años sesenta se reanudó el expediente y se zanjó definitivamente en 1965, con lo que casi toda la superficie de La Graciosa pasó a ser  propiedad del Estado. El resto pertenece a los dos núcleos de población existentes: Caleta del Sebo y Pedro Barba. El primero, la capital de la isla, lo gestiona el Ayuntamiento de Teguise, mientras que la propiedad de Pedro Barba pertenece, desde 1973, a una sociedad que creó un núcleo turístico de segunda residencia sobre un antiguo asentamiento de pescadores.

 

El interés del Estado por promover turísticamente La Graciosa en terrenos de su propiedad no concluyó hasta que el Archipiélago Chinijo fue declarado espacio natural protegido por la legislación canaria, cerrando la puerta a las apetencias inmobiliarias y especulativas de unos y otros. Hasta ese momento, los intentos habían fracasado, entre otros factores, debido a los litigios administrativos entre las diferentes entidades encargadas de la administración de la isla: Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote, Gobierno de Canarias y Administración General del Estado.

 

Gloria y Alfredo Cabrera Socorro recogen estos hechos en Turismo versus pesca artesanal. A propósito de La Reserva Marina de la Isla de La Graciosa y los Islotes del Norte de Lanzarote, publicado en PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural (Vol. 2, nº 1, págs. 1-16, 2004). Fraga Iribarne planteó un proyecto turístico de enormes dimensiones en La Graciosa e incluso llegó a visitarla, pero la inexistencia de infraestructuras básicas va posponiendo aquel propósito mientras el capital privado y las inversiones públicas se centran en Lanzarote y, en particular, en la costa de Tías. No obstante, por esas fechas, se hablaba de construir una nueva carretera entre Caleta de Famara y las Salinas del Río a través de la falda del macizo de Famara, tanto para mejorar la conectividad de la población graciosera, cuanto para abrir al turismo de masas el norte de Lanzarote y la Octava Isla.

     

Pero lo intentos no concluyen con la muerte del general Franco y el fin de su dictadura militar. Gloria y Alfredo Cabrera Socorro recogen que, en 1982, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, se programó desde el Gobierno Central “la construcción de tres hoteles de distintas categorías, con capacidad para 2.000 camas y con una inversión de 4.000 millones de pesetas. En 1983, se construye un gran muelle, probablemente como paso previo, pero el proyecto se pospone porque el mismo año Dimas Martín Martín accede a la alcaldía del municipio de Teguise y tiene otros planes para el desarrollo turístico de La Graciosa”. El resto de la historia es de sobra conocida.