José Antonio Rodríguez también ha dimitido como concejal de Yaiza
Gladys Acuña dimite como alcaldesa de Yaiza, pero continúa siendo parlamentaria
29 de enero de 2018 (10:20 h.)
Acuña ha tomado esta decisión después de que el pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le impusiera una condena de 14 años de inhabilitación.
La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha dimitido este lunes de todos sus cargos municipales, es decir, ha abandonado su cargo de alcaldesa y de concejal. Sin embargo seguirá siendo diputada en el Parlamento autonómica por Nueva Canarias. Así lo ha anunciado a través de un comunicado.
Acuña ha tomado esta decisión después de que el pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le impusiera una condena de 14 años de inhabilitación para desempeñar cargos públicos municipales al entender que cometió un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación por conceder la licencia de actividad a la bodega Stratvs a sabiendas de que su ilegalidad y por no tomar decisiones cuando se ordenó su clausura.
Gladys Acuña ha anunciado que recurrirá la sentencia para “acreditar su inocencia” y y que comparecerá en rueda de prensa a lo largo de esta semana para valorar el fallo y hacer balance de su gestión.
José Antonio Rodríguez, también condenado en el caso Stratvs, ha presentado igualmente su dimisión como concejal de Sanidad, Servicios Sociales, Inmigración, Vivienda, Industria, Aguas y Mantenimiento de Edificios Públicos.
A la fecha de los hechos, Rodríguez era edil de Urbanismo de Yaiza y ha sido condenado a siete años de inhabilitación para cargos municipales como autor de un delito de prevaricación por omisión, por no haber tomado las decisiones precisas cuando se ordenó el cierre cautelar de la bodega Stratvs.
El TSJC considera en su sentencia que Stratvs nunca debió recibir la licencia de apertura, por el propio Ayuntamiento conocía que el plan general de ordenación urbana del municipio no autorizaba ese tipo de usos en el suelo rústico que ocupaba en La Geria.
Tanto a Acuña como a Rodríguez se les condena por un delito de prevaricación por omisión, ya que, según recoge la sentencia, no habrían "adoptado medida alguna" para ejecutar el cierre cautelar de la bodega, aún "conociendo que el emplazamiento de las instalaciones del complejo Stratvs no autorizaba el uso concedido ni el desarrollo de las actividades allí desplegadas".