Cinco integrantes del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera, contra la nueva Ley del Suelo de Canarias

El informe suscrito por cinco de los seis miembros del Gabinete Científico del Consejo de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, de 20 páginas, finaliza con una concluyente recomendación final: “Lanzarote podría liderar, como así lo ha hecho en otras etapas de su historia reciente, iniciativas para garantizar que los criterios de sostenibilidad prevalezcan en la ordenación del territorio. Así mismo, la Reserva de la Biosfera de Lanzarote podría contribuir activamente para que, durante el proceso de tramitación parlamentaria del PLSC [Proyecto de Ley del Suelo de Canarias], se subsanen las deficiencias señaladas en este informe.”

 

A pesar de las deficiencias detectadas por los expertos, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, considera sin embargo “que a mi modo de ver en modo alguno debe ser entendido como informe o dictamen del Gabinete”. Esta afirmación la ha hecho en una carta remitida a los integrantes del Consejo de la Reserva de la Biosfera, que se reúne este jueves, día 1 de diciembre, para debatir el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias.

 

Suscriben el informe el economista Antonio González Viéitez, el ex magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente José Manuel Naredo, la catedrática Enma Pérez-Chacón y el botánico Lázaro Sánchez Pinto. En cambio, no lo rubrica el catedrático José Luis Rivero.

 

La exposición del Proyecto de Ley del Suelo de Canarias correrá a cargo de Fran Vilar, co-redactor de la Ley. A continuación comenzará el debate, al que también asistirá invitado por el presidente el urbanista Javier Domínguez Anadón, persona favorable a la Ley que promueve CC. En representación del Gabinete acudirán al debate Lázaro Sánchez Pinto y José Luis Rivero.

 

El documento lleva por título “Consideraciones de cinco miembros del Gabinete Científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote sobre el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias”. No obstante, en su interior, los firmantes lo denominan informe. Este se emitió para “obtener una opinión experta acerca de la sostenibilidad del modelo territorial que este proyecto promueve para las islas, así como su adecuación o no a la cultura de la protección territorial de esta reserva y sus posibles amenazas”.

 

 

 

Los firmantes del informe aseveran que el Proyecto de Ley del Suelo de Canarias “plantea un modelo de planificación territorial que, en primer lugar, dificulta la necesaria visión global que requiere la aplicación de los principios de sostenibilidad”.

 

Mantienen así mismo que elimina la posibilidad de que el Plan Insular pueda “desclasificar suelo urbanizable y reclasificarlo como rústico”, y priva al propio Plan Insular de “contener el consumo de territorio y limitar la movilidad”, objetivo esencial para evitar el calentamiento global.

 

En el ámbito turístico, el Cabildo “tampoco podrá fijar los criterios del modelo turístico insular”. El Proyecto de Ley “no garantiza la ordenación integrada en el territorio de los aspectos  ambientales, sociales y económicos”, y en el suelo rústico “se prioriza el interés económico sobre lo ambiental y lo social”, y pone como ejemplo que en una finca de unas 28 hectáreas “se podría construir un hotel de 400 camas”, pues entre los usos complementarios del suelo rústico también se considera “de manera explícita el turístico”.

 

Por otro lado, en los Parques Naturales se permiten los usos residenciales, y, además, el órgano que elabora un plan y el que dictamina sobre su evaluación ambiental será el mismo.

 

Todo ello generaría una serie de amenazas entre las que se encuentra la inseguridad jurídica, según los redactores del informe, además de las actuaciones territoriales excepcionales a través de los “proyectos de interés autonómico o insular”, todo lo cual supone un riesgo de expulsión de quienes “realmente viven de la actividad agraria”.