Los juzgados dan la razón al ayuntamiento de Arrecife frente al Banco Santander

El ayuntamiento de Arrecife se congratula ante la sentencia que rechaza la demanda interpuesta por el Banco Santander contra la resolución del consistorio en la que declaraba nulo, de pleno derecho, el Contrato Marco de Operaciones Financieras que regulaba las operaciones de permutas de tipos de interés (SWAP), suscrito en 2004 entre la institución municipal y la entidad bancaria.

 

Este producto bancario llegó a costar a la institución, en el período comprendido entre 2004 y 2001, un total de 3.341.000 euros. Dinero que el Ayuntamiento ahora podrá reclamar al Banco Santander. 

 

Dicha resolución, que cancelaba la herramienta financiera, fue aprobada en la sesión plenaria celebrada en febrero de 2013, por ser perjudicial para las arcas municipales. 

 

El Ayuntamiento, presidido por aquel entonces por Manuel Fajardo Feo, tomó la decisión, a pesar de que el contrato no terminaba hasta 2014, en virtud de los informes que aseguraban que la continuidad del mismo podía suponer para el Consistorio perjuicios de “imposible o difícil reparación”, llegándose incluso a verse amenazada la elaboración de los presupuestos municipales.

 

 

Según ha señalado la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, “las malas prácticas bancarias durante la época de la abundancia, de las que fuimos conscientes en el inicio de la crisis, afectaron a muchos pequeños ahorradores pero también a cientos de administraciones públicas”. 

 

En este sentido, la alcaldesa ha explicado que “en el caso de Arrecife, la decisión del grupo de Gobierno CC-PSOE de denunciar el SWAP ha dado sus frutos y hoy la ciudadanía dispone en la caja común de más tres millones de euros recuperados a través de la acción legal, motivo por el cual no podemos sino sentirnos satisfechos”.

 

 

El concejal de Hacienda, Samuel Martín, que también ha mostrado su satisfacción por el resultado de la sentencia ha alabado la labor de la entonces responsable del Área económica de la capital, María Teresa Lorenzo: “se detectó que existía un posible perjuicio económico para el Ayuntamiento y se decidió iniciar el procedimiento administrativo de revisión que hoy ha terminado dándonos la razón”. 

 

Martín ha añadido que “ahora debemos seguir confiando en la justicia y que la entidad bancaria devuelva al Ayuntamiento, el dinero perdido por estos productos tóxicos”.

 

El fallo judicial rechaza por tanto la pretensión indemnizatoria planteada por el Banco, a quien además obliga a pagar las costas, aunque cabe interponer recurso de apelación que será resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.