Podemos pide llevar a Fiscalía las irregularidades en materia de contratación
Myriam Barros: “Si el PSOE se pone de perfil estará enviando un mensaje de impunidad política, o es valiente ahora, caiga quien caiga, o sufrirá una crisis de credibilidad”.
Los informes de los servicios jurídicos del Cabildo a los que han tenido acceso el grupo LEP - Sí Podemos son contundentes y abundan en detalles que comprometen la salud democrática de la institución. Ese informe aclara que “la prestación de servicios no está amparada por un contrato administrativo por lo que adolece de omisión de procedimiento que supone el reparo de legalidad de las facturas que se presentan”. De igual forma, detalla que los contratos verbales son “nulos de pleno derecho”, lo que supone un “absoluto escándalo que merece ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales”.
Según el criterio del grupo político, cabe la posibilidad de pedir responsabilidades judiciales dada la nulidad de los contratos verbales. “Parece que la presidenta no quiere llegar hasta el final caiga quien caiga”, declara Myriam Barros. “Si los fines son loables, encontrarán la mano tendida de Podemos, pero la Ley de Contratos del Sector Público nos da herramientas para sacar a licitación con transparencia estos servicios, que exceden claramente el ámbito temporal de un año y cuantitativo de 15.000€ marcados para el contrato menor, y por no hablar ya de los contratos verbales”, añadió el consejero Jorge Peñas.
Pagar servicios mediante abono de facturas, sin formalizar previamente ningún contrato
La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, anunciaba en la mañana del miércoles una serie de procedimientos de revisión sobre cuatro “servicios esenciales” de la Corporación, que “se habían venido prestando de forma irregular". Irregularidades detectadas, entre otros, en el contrato del servicio a la atención a la discapacidad que presta Adislan. “A partir de 2019, se empiezan a pagar los servicios prestados mediante abono de facturas, sin formalizar previamente ningún contrato. Durante el pasado año, Adislan facturó al Cabildo un total de 2.047.913€”, señalaba Dolores Corujo.
También habló de la situación irregular con la asociación AFA, que defiende la situación de los enfermos de alzheimer. “En este caso, el contrato había vencido en 2013, se intentó renovar en 2014, pero se paralizó la tramitación por un recurso que el Cabildo perdió. Desde ese momento, se ha venido prestando este servicio sin ningún tipo de cobertura legal".
“Diez años en los que la propaganda ha tratado de esconder la falta de proyecto y la más absoluta desidia”, añadía la presidenta, en referencia a esos “contratos verbales” que mantenía la institución y que ahora van a ser revisados, ya que los servicios jurídicos han advertido de que son “nulos de pleno derecho”.
"los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen"
Por su parte, CC, “se congratula de que la propia presidenta admita que muchos de esos contratos datan del año 1993, es decir, 16 años de gobierno socialista hasta llegar CC. Y es que fue bajo la gestión del PP en el Área cuando se contrató la auditoria a la que se refiere y quienes a finales 2018 comenzaron los trabajos para regularizar lo que la presidenta ha tardado un año en retomar”.
"Desde entonces, todos ellos han venido prestando el servicio de manera satisfactoria, y a pesar de las dificultades contractuales estas se han venido superando con distintos informes y acuerdos que permitieron levantar legalmente los reparos y abonar las facturas por los servicios a los más vulnerables que nunca han dejado de prestarse".
Para Coalición Canaria, "ha llegado ya el momento de que Mª Dolores Corujo y su gobierno dejen de buscar falsos culpables y empiecen a trabajar. Como dice la canciller de Alemania Ángela Merkel, los presidentes no heredan problemas, se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir dichos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”, señalan.
Responsabilidades compartidas
Bajo el criterio de la consejera y el consejero de LEP - Sí Podemos tanto el PSOE como el PP tendrían el mismo nivel de responsabilidad en estos contratos nulos que afectan a los servicios esenciales de atención social.
“Si solo hablamos de la etapa de San Ginés, es cierto que la presidencia ha estado en manos de CC, pero el área de Servicios Sociales ha sido responsabilidad directa tanto del PSOE como del PP, actuales socios de gobierno”, puntualizó Myriam Barros.
Para Podemos esta responsabilidad es compartida, puesto que las licitaciones de servicios esenciales para el área de Bienestar Social deben ser lideradas por el consejero o consejera al frente del área. La rueda de prensa que la presidenta ofreció ayer es, para la formación morada, “echar balones fuera”, puesto que nada dijo sobre las actuaciones legales que podrían y deberían tomarse. “Nos hubiese encantado ver a la presidenta asumir las contradicciones de su partido y reconocer que son tan responsables de esto como CC, con los que han gobernado siempre que han podido”, concluyó Barros.