El PP defenderá una regulación "realista" del alquiler vacacional en suelo turístico

La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha vuelto a insistir en la necesidad “de regular el alquiler vacacional en suelo turístico”, ya que la prohibición que actualmente se plantea en el borrador del Gobierno de Canarias “lo único que va a provocar es que la actividad se desarrolle de forma ilegal”. Las tres sentencias judiciales dictadas, recuerda, señalan que “no se puede prohibir” las viviendas vacacionales en suelo turístico.

 

La presidenta de los populares defiende que el modelo de las viviendas vacacionales en Lanzarote “da respuesta a una necesidad del mercado que demanda este tipo de servicio diferenciado del resto de la oferta alojativa en la isla” y que “para nada supone competencia desleal ni consumo de suelo”. Señala asimismo que “para muchas familias y para muchas pequeñas empresas esta modalidad ha supuesto una fuerte inyección económica que, sin duda, ha ayudado a la reactivación de la economía insular”.

 

Tras algunas de las afirmaciones realizadas por el responsable del equipo redactor del PIOL en el Consejo de la Reserva de la Biosfera “en contra el alquiler vacacional”, Astrid Pérez, ha vuelto a insistir en que “a las Administraciones lo que les corresponde es dotar de una regulación adecuada a la modalidad turística de las viviendas vacacionales fuertemente demandada, en base a criterios de calidad de la oferta, protección del consumidor e impositiva, pero sin limitaciones arbitrarias a la competencia, tal y como ya ha puesto de manifiesto el TSJC”.

 

La presidenta y parlamentaria regional del PP reclama que Canarias realice una regulación “responsable y realista de esta modalidad turística”. También asegura que “de no regularse o, incluso prohibirse, lo único que conseguiría sería avocar a la clandestinidad a una fuente de ingresos que, correctamente regulados acabarían revirtiendo en el conjunto de la sociedad”.

 

Pérez recalca que Canarias “es la única comunidad autónoma que mantiene la prohibición de la oferta vacacional en zonas turísticas”. Esta prohibición “ha favorecido que la oferta de alquiler vacacional se haya extendido a zonas urbanas en detrimento del alquiler tradicional”, asegura. Este hecho, unido a que en la última década el Gobierno de Canarias “no ha ejecutado ningún proyecto de construcción de vivienda social en Lanzarote es lo que ha provocado la escasez de vivienda en la isla y la carestía de la misma”, concluye.