El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) ha rechazado por unanimidad la propuesta de resolución de la huelga presentada por el Comité de huelga y la oposición. Lo ha hecho en el transcurso de la sesión Extraordinaria y Urgente celebrada este jueves sin la presencia de la oposición. No obstante, el consejo manifestó “su voluntad de aceptar los otros siete puntos o cualesquiera otros aspectos que sean susceptibles de negociar, siempre dentro del marco legal”.
La oposición estuvo ausente en la sesión por razones que, según el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "compete a ellos explicar”. Sin embargo, San Ginés considera que esta ausencia “obedece a que es el gobierno quien tiene el control del Consejo de Administración de los Centros, donde la oposición está en minoría”.
Así mismo, el presidente declaró que tiene "absolutamente claro" que "la oposición es consciente" de que el control de los órganos de gobierno de todos los organismos públicos dependientes de una Administración recaen en el grupo de Gobierno, siendo por ello que, "en lugar de utilizar la forma legítima y democrática contemplada por la ley para cambiar los gobiernos, han usado a los trabajadores de los CACT para convocar un pleno extraordinario".
El presidente persiste en la idea de que bajo este asunto "lo que subyace es una moción de censura encubierta para hacerse con el control del Consejo de Administración de los Centros, previa modificación de sus Estatutos, sin tener que presentar una moción de censura formal”.
En la sesión se dio cuenta de los tres informes solicitados a los servicios jurídicos, al director de Recursos Humanos y a la Intervención del Cabildo de Lanzarote, y por ende, de la EPEL, a consecuencia de que “los grupos políticos han tratado de trasladar la resolución de este conflicto del ámbito que corresponde, es decir, del Consejo de Administración de los Centros al pleno del Cabildo de Lanzarote con la solicitud de un pleno Extraordinario”.
Estos informes señalan que "la sentencia sí se está ejecutando correctamente" y concluyen que "el acuerdo propuesto por los grupos de la oposición y el Comité de huelga sería nulo de pleno derecho en caso de aprobarse", por cuanto contravendría la Ley General Presupuestaria. De hecho, el consejero de Economía y Hacienda del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez, recordó que “los consejeros que lo avalasen con su voto estarían incurriendo en un delito de prevaricación y quienes lo ejecutasen estarían malversando fondos públicos”.
“Para mayor abundamiento”, señala el presidente “la interventora aclara en su informe, de manera taxativa, que no se pueden atender las reivindicaciones contempladas en los puntos 7, 8 y 9 de la propuesta, al menos hasta tanto exista pronunciamiento judicial al respecto, coincidiendo con las tesis defendidas por la empresa a lo largo de este conflicto".
Durante la sesión, también se acordó solicitar un informe a los servicios jurídicos de la entidad acerca de la posible causa de "incompatiblidad y abstención" de los vocales del consejo Andrés Barreto y Mari Paz Cabrera, respectivamente.
A Andrés Barreto “por tener interés directo en la medida en que asesora y cobra por las demandas individuales interpuestas por gran parte de la plantilla”. Al respecto, el presidente recordó que “los Estatutos de la EPEL se remiten al Reglamento del Cabildo de Lanzarote y este, a su vez, a la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, según la cual son incompatibles los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación, como es el caso".
En cuanto a Mari Paz Cabrera, el consejo argumentó que “por sus vínculos afectivos con el presidente del Comité de Empresa, amén de averiguar si es cierto que trabaja en el despacho de Barreto”, la consejera de Somos "estaría inmersa, en todo caso, en causa de abstención tanto en el Consejo de Administración como en el Cabildo”.
