El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha declarado que "confía en que el Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote (PIOL) se apruebe inicialmente con una mayoría amplia o al menos cuente con el apoyo del Grupo Socialista dado el alto grado de participación e implicación que ha tenido en estos 10 años sobre el proceso de tramitación del documento".
La propuesta del documento del PIOL, que habrá de elevarse al Pleno para su fase de aprobación inicial, ha sido de nuevo presentada y debatida este martes en el Consejo de la Reserva de la Biosfera, órgano multiparticipado en el que están representadas todas las administraciones públicas y sectores empresariales, económicos, sociales, medioambientales, ecológicos, turísticos, además de organizaciones civiles y todas las formaciones políticas con representación en el Cabildo.
El nuevo documento que lleva ya más de diez años en periodo de tramitación y que sustituirá al del año 1991, fue encargado bajo mandato de la expresidenta Manuela Armas (PSOE) en 2008 y desde la aprobación del Avance del planeamiento en 2010, por unanimidad de toda la Corporación con el actual presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, “apenas ha sufrido cambios sustanciales sobre el modelo territorial que en su día se definió, salvo en lo referente a las actualizaciones y adaptaciones a la nueva normativa y legislación regional y estatal que se ha aprobado en estos años”, afirmó el director del equipo redactor de la revisión del PIOL, José María Ezquiaga, durante la sesión extraordinaria de este Consejo de la Reserva de la Biosfera.
“Un documento completo además que se ha hecho público en tres ocasiones diferentes, en 2010, en 2012 y ahora en 2018, antes de su aprobación inicial para poder ser discutido y consensuado con todos los agentes y actores protagonistas, y que por distintos motivos que han coincidido fundamentalmente con procesos electorales y políticos, no ha podido materializarse, pero que está en disposición de aprobarse desde la pasada legislatura”, explicó Ezquiaga.
Asimismo, el director del Plan, sostuvo que en el fondo “no hay discrepancias graves” que no se hayan podido solventar sobre el contenido del Plan en estos diez años, ni nunca les han manifestado desde alguna organización política o algún sector “ninguna discrepancia sustancial, ni por defecto ni por exceso, sobre el fondo y contenido del documento”, ni tampoco han recibido en estos años “ninguna injerencia política” o “presión que responda a intereses especulativos o de otra índole, más allá del interés general”, y el equipo redactor además “no lo hubiese permitido, y la prueba está en el propio documento que no encontrarán nada alusivo a ello”.
Sobre esta última etapa de tramitación del Plan Insular, cuya prórroga del contrato para la revisión del documento fue rubricada en el pasado mes de enero de 2017, bajo la tutela del grupo socialista en el seno del Grupo de Gobierno, Ezquiaga subrayó “el alto nivel de implicación” e incluso las “valiosas aportaciones” realizadas por el entonces consejero de Política Territorial, Marcos Bergaz, confirmando además que “todas las directrices y aportaciones al documento dadas por el Partido Socialista están recogidas en la propuesta del Plan” que además “fue entregado y contó con el visto bueno en Madrid” del PSOE.
Un documento y modelo territorial que durante todo este tiempo lo único que ha sufrido es “cambios caligráficos, pero no formales en el contenido” y que al día de hoy contempla, tal y como se entregó al Partido Socialista, sus aportaciones técnicas y formales.
A su vez, este último documento fue entregado en el pasado mes de noviembre de 2017 a todas las formaciones políticas para que antes de su aprobación inicial, que es cuando se abre formalmente el periodo de alegaciones, puedan realizar las aportaciones que consideren. Hasta la fecha, el director del Plan confirmó que “no se ha recibido ninguna aportación”.
El nuevo PIOL no incrementa ni la superficie de los suelos, ni la capacidad alojativa turística de la isla, por el contrario, la reduce hasta el techo de las 95.050 plazas frente a las 105.089 del Plan de 1991, e incrementa la superficie protegida hasta las 69.200 ha, según han trasladado desde el Cabildo.
