El presidente del Cabildo sostiene que se trata de un "juicio político"
San Ginés considera "imposible" que se le condene por prevaricación ya que "jamás actuó a sabiendas de una injusticia"
06 de noviembre de 2018 (16:02 h.)
El presidente del Cabildo sostiene que se trata de un "juicio político" y expresa su "plena confianza en los Tribunales".
Tras conocer que se le ha abierto juicio oral en el caso Montaña Roja por un delito de prevaricación, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha declarado que está "deseoso" de sentarse en el banquillo de los acusados, "cuanto antes, para aclarar cualquier duda".
Al respecto, San Ginés ha señalado que tomó la decisión que cosideró "más adecuada y justa", guiándose por el secretario de la Corporación, Francisco Perdomo, también acusado en el mismo caso, y el asesor jurídico de la primera Institución, quienes le indicaron previamente que la incautación de la desaladora era "posible, legal y sin orden judicial".
Por todo ello, Pedro San Ginés considera que "es imposible que se nos condene, podemos habernos equivocado, pero jamás hemos actuado a sabiendas de una injusticia, que es por lo que se nos acusa, por prevaricación".
El presidente del Cabildo ha añadido que considera que "las dos únicas consecuencias" de la incautación han sido en beneficio del interés general. Primero porque hoy hay 5.000 vecinos que cuentan con una facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de los vecinos de Lanzarote. Y segundo, porque el Consorcio del Agua de Lanzarote dispone ahora de un canon de 400.000 euros, fondos que nos han permitido entre otras cosas subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias.
Pedro San Ginés ha recordado que en su día actuaron "compelidos reiteradamente tanto por el Diputado del Común como por el Gobierno de Canarias, quienes venían denunciando al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote por inacción ante una actividad ilegal, la venta de agua a terceros sin control".
"Hecho que incluso el propio denunciante reconoció en su día cuando firmó el convenio, que no era lícita la actividad de venta a terceros y asumía su incapacidad para vender; accediendo por ello al pago del referido canon a las arcas públicas", ha puntualizado el presidente del Cabildo.
Por último, ha manifestado San Ginés, "la propia Fiscalía terminó por solicitar el archivo provisional de la causa y es por lo que sostengo que esto es un juicio político que contra todo pronóstico, si se celebra, será solo a instancias de la formación política Podemos y del que más allá de la preocupación de pasar por este trance expreso mi plena confianza en los Tribunales".